Dicha iniciativa me parece loable, ya que en México el tema de las adicciones se ha convertido en las últimas décadas en un asunto sumamente sensible para la sociedad mexicana. Nadie duda, hoy por hoy, que la incidencia de las adicciones se ha incrementado de manera importante, no sólo en el ámbito de las drogas ilícitas, sino también respecto del alcohol y los antidepresivos, las medicinas para adelgazar y otras sustancias.
Aunado a lo anterior, mucho se ha comentado sobre los centros de rehabilitación, siendo cuestionada su transparencia, su legalidad, su metodología de operación y el hecho de que algunos de ellos parecen convertirse en modus vivendi de quienes lo operan, otros en centros de reclutamiento para el crimen organizado, otros más en meros centros para abusar económicamente de la persona adicta y de sus familiares y existen otros, en los que se abusa de las personas en términos físicos, sexuales, emocionales.
Sin embargo, los datos ofrecidos por la diputada también dejan entrever la ineficiencia o complacencia de las autoridades , ya que si la legisladora cuenta con la información de cuantos centros operan al margen de la ley y que además violentan los derechos humanos de sus internos, la pregunta obligada sería, por qué no han actuado contra dichos centros, si tienen toda la evidencia en las manos para clausurarlos y sobre todo castigar a quienes han cometido el delito de tortura, maltrato, restricción injustificada de la libertad y violación reiterada de los derechos humanos.
Porque, de acuerdo a la Ley General de Salud, el internamiento no voluntario debe cumplir con ciertas condiciones que garanticen al interno el respeto a sus derechos, su dignidad, la restricción a la libertad justificada, pero sobre todo su rehabilitación. Debe estar avalado por un certificado médico que instruya la necesidad del internamiento, así como el tratamiento al que la persona de que se trate deberá ser sometida.
Y si esto, no está sucediendo de esta forma en el Estado, en necesario prender los focos rojos para que de inmediato se lleva a cabo una campaña de verificación y clausura de aquellos centros que estén funcionando al margen de la ley, correspondiendo dicha tarea a la Secretaría de Salud y a las autoridades Municipales que en su caso deben verificar el funcionamiento de éstos sitios que ofrecen la venta de un servicio a los ciudadanos, supervisando las funciones operacionales sanitarias, salvaguardando y vigilando el respeto a los derechos humanos de los internos y sobre todo que no se cometan delitos, para en su caso ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
Por otra parte, y en abono a la iniciativa de la diputada, creo que sería importante regular las actividades de los centros de rehabilitación, es decir, que exista normatividad que los obligue a ser institucionales, estar formalmente constituidos y llevar procesos homologados en función de una metodología aprobada. Así mismo, es necesario que los centros de Rehabilitación del Estado se encuentren vinculados con organizaciones de Derechos Humanos, Institutos de la Mujer, Institutos de Psiquiatría, centros de fortalecimiento de organizaciones civiles, hospitales y similares. A fin de que su servicio cuente con el sentido humano que se requiere para llevar a cabo una efectiva rehabilitación.
Ojalá exista la sensibilidad de los Diputados del Congreso del Estado, para aprobar dicha iniciativa en el presente período ordinario de sesiones y no se quede en la congeladora, ya que es un tema de salud pública muy importante.
