En la página de Facebook de ese funcionario puede verse incluso un video en el que, amenazante, advierte que las sanciones para quien lo haga llegan hasta los 51 mil pesos y el aseguramiento de la unidad. En los hechos, se trata casi de una confiscación del vehículo, dado lo elevado que puede llegar a ser la multa. Un robo como le gusta a los gobernantes: con la ley en la mano.
Este #LordTaxi como se le ha llamado, advierte que “el gobierno no puede estar secuestrado de (sic) ningún particular”. Afirma que no es que se esté cerrando a modernizar el transporte ni que se pretenda beneficiar o proteger a alguien en específico –como a los taxistas-, sino que su obligación es vigilar “que la ley se cumpla”.
Lo anterior suena muy bien excepto por una cosa: lo legal no necesariamente es sinónimo de justo.
De este modo, “la ley” o “el reglamento” se vuelven la excusa perfecta para pisotear los derechos individuales de las personas como la elemental libertad de elegir qué usar para transportarse y de aceptar o no el precio.
Así que lo que es una práctica común para la gente, como el acudir a comprar cualquier producto al mercado de su colonia, comparar precios y adquirir lo que se busca en el local que se decida, a algunos gobernantes les parece mal que se haga lo mismo en lo referente al transporte. Quieren que se compre un servicio sólo con quien ellos autoricen para tal fin, es decir, forzar un monopolio en lugar de permitir la abierta competencia.
Casi siempre estos gremios se encuentran muy bien organizados, y muchas veces, sus líderes están al servicio de determina asociación política o grupo de poder. No sorprende por eso que muy a menudo haya una auténtica colusión –voluntaria o forzada a través de la amenaza del retiro de concesiones-, entre el gobierno y los transportistas para ayudarse y protegerse entre ellos.
Por eso la gente no se debe dejar. Así de sencillo. Si una ley, reglamento, decreto, etc. sobre el transporte o de cualquier otra materia atenta contra la libertad de las personas, su propiedad privada y/o su voluntad para celebrar contratos con otro particular, debe exigirse que se corrija. Las arbitrariedades son inadmisibles.
El gobierno está para garantizar esos principios de justicia a todos por igual, no sólo a aquellos a quienes le conviene por los motivos que sean. La ley está para limitar el poder, no para que se abuse de él por medio de ella.
Así que podemos decir que #LordTaxi no es solo una persona, sino todo aquel que se oponga y se manifieste contra el derecho de la gente a decidir con quién contratar su transportación.
