El gobierno estatal no puede con los feminicidios porque avanza por su lado, mientras que la sociedad observa con escaso interés la muerte de jovencitas universitarias. Así de simple: un fenómeno hipercomplejo que no sólo requiere la participación de las instituciones, sino también de las familias que han perdido el control de lo que hacen, dicen y con quién salen sus hijos. La Alerta de Género, lejos de ser una solución, se convirtió en bandera política de algunos grupos para golpetear al morenovallismo.

El fenómeno crece y crece, y no es que pueda culparse al gobierno de no hacer nada. El morenovallismo acató el dictamen de la Conavim e impulsó modificaciones legales que se aprobaron hace un mes para endurecer las penas de la violencia de género, además de crear nuevos instrumentos para resguardar la integridad de las mujeres que estén en riesgo mediante órdenes de restricción y protección.

Previamente, el Congreso local legisló en 2012 el tipo penal de feminicidio, y en 2015, lo reformó para incluir seis nuevas hipótesis para que el delito pueda elevarse hasta los 70 años en el caso de mujeres embarazadas. Y recientemente, aprobó el nuevo marco legal para endurecer las penas por violencia de género.

Pero los casos suman y suman. El miedo a pasar más años en la cárcel no detuvo a los feminicidas. ¿Qué queda por hacer? ¿Quién podrá rescatar a nuestras jóvenes de un destino fatal?

De acuerdo con las cifras oficiales que reconoce la Fiscalía General del Estado, en 2014 se cometieron 12 feminicidios; para 2015 se elevaron a 37 y en lo que llevamos de 2016 ya suman 42. Oficialmente, con los datos de la FGE, llevamos 91 casos en los tres últimos años.

Pero si nos vamos a las cifras extraoficiales, El Observatorio Nacional de Feminicidios dice que entre 2012 y 2013 ocurrieron 158 casos, de los que la Procuraduría General del Estado sólo investigó 6. De acuerdo con Odesyr, la ONG ha documentado más de 200 casos en ese mismo periodo de homicidios dolosos contra mujeres que pueden ser investigados como feminicidios. Tan sólo en este 2016 se contabilizan 65 casos extraoficialmente.

¿Qué falta por hacer? ¿Dónde está el agujero negro de la violencia?

Porque esfuerzos del gobierno morenovallista no han faltado, y tampoco de los medios de comunicación para hacer visible una violencia sin control. El conteo mediático muestra a las jovencitas el riesgo en que viven. Y pese a ello, este fin de semana se documentaron tres nuevos casos en apenas 72 horas.

Una estudiante de Sociología de la BUAP con brillante porvenir, Tania Verónica Luna, de apenas 23 años. Otra chiquilla, Karla Mireya García Paredes, de 18 años, encontrada por las autoridades de Tlaxcala en un terreno de San Pablo del Monte 24 horas después de haberse denunciado su desaparición. Y una empleada del Issstep, Gizeh Calderón, que murió acuchillada y fue encontrada en las cercanías del Atoyac por Azumiatla.

Estos nombres se han unido a Karla López Albert, Iraís Ortega, Paulina Camargo, Samai Alejandra Márquez Salgado, Olga Nayeli Sosa, Lilí Marlén, Diana Berenice y tantas poblanas más.

Poco podrá hacer el gobierno y los medios de comunicación sin la participación de la sociedad que, hasta el momento, se mantiene a la expectativa, como si a ellos no les concerniera esta matanza. Por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la institución más golpeada con seis casos. Hoy que rinde su Tercer Informe, ¿el rector no tiene nada qué decir?

Los padres de familia, en el marco del sistema educativo, también están alejados de la socialización del fenómeno, ya que hay que empezar a atacar desde la secundaria y preparatoria, donde crece esta ideología machista y de la impunidad.

¿Qué más hace falta?>