A dos meses de concluir su periodo como presidenta municipal de San Pedro Cholula, Dolores Parra Jiménez y los integrantes del Cabildo se autorizaron una compensación por su “buen desempeño”, la cual consiste en la repartición de lotes en el panteón del Barrio de Jesús Tlatempa, según consta en el acta de sesión extraordinaria con fecha del 20 de diciembre de 2013, donde la panista propuso a los regidores premiarse a costa del erario.

En esa sesión, los regidores avalaron que les fuera entregado un lote sencillo a cada uno, con su respectivo título de perpetuidad y casualmente en ese misma acta quedó asentado que el panteón gozó de una ampliación en dicha gestión, espacio que sería destinado a los 12 regidores, la síndico municipal, el secretario general y la entonces edil Dolores Parra.

A excepción de los regidores, la ahora ex presidenta por el Partido Acción Nacional (PAN), Dolores Parra se otorgó una capilla o espacio familiar con capacidad de hasta nueve gavetas. Dicho espacio se ubica en el lote número 17, con una medida de 3.80 metros de largo por 3.05 metros de ancho y de acuerdo con la actual Ley de Ingresos de San Pedro Cholula, tiene un costo al público de 50 mil pesos.

En cuanto a los 12 regidores, la síndico María Lidia Guadalupe Quiroz Castillo y el secretario general, Miguel Ángel Carranco Ledesma, les fue asignado a cada uno un lote sencillo con valor de 20 mil pesos, y cuenta con una medida de 2.25 metros de largo por 1.10 metros de ancho, con capacidad para tres personas.

Los regidores beneficiados fueron Ernestina Bello Vázquez, Jorge Armando Soto Chilaca, Maritza Bethsabé Gómez Carranco, César Carrillo Cortés, Cecilio Lucio Cocone Paredes, Juan Manuel Zacatelco Quintero, Rogelio Toxqui Anaya, Marcial Acatécatl Cortés, Iván Jiménez Flores, Erika de la Vega Gutiérrez y María Eva Linares Pérez.

¿Buen desempeño?

Anteriormente, el actual presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa denunció a Dolores Parra Jiménez por el delito de uso indebido de recursos y peculado, al no poder solventar 24.7 millones de pesos que observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y tradujo como como daño patrimonial.

En ese momento, Jesús Morales Garduño, consejero jurídico del municipio comentó que el desvío de recursos se registró en el Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013, donde se destinó el dinero de forma incorrecta conforme la declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria.

Ante este hecho, Parra Jiménez rechazó un desvío de recursos y aseguró que este dinero fue debidamente aplicado en obras de mantenimiento del Centro Escolar Presidente Miguel Alemán y en la construcción de la Universidad a Distancia.