Ayuntamientos como el de San Andrés Cholula, Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Tehuacán y Tecamachalco se escudan con el Sistema de Datos Personales para evitar hacer pública la declaración patrimonial de sus funcionarios que va desde los alcaldes a los empleados de primer nivel.

Esto, a pesar de que están obligados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

En una revisión realizada a sus páginas de transparencia, la mayoría de los gobiernos municipales incumplen en dar a conocer sus ingresos y egresos. El único que no ha evadido esa responsabilidad es el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres quien ha hecho pública su declaración.

Por ejemplo, en 2015, informó a medios de comunicación que entre otros bienes, cuenta con una casa de mil 772 metros cuadrados, cinco terrenos, un jardín de fiestas, una camioneta Pick Up RAM 2005 y un seguro de vida por 1.4 millones de pesos con GNP Seguros, entre otros.

Pero a diferencia de Espinosa Torres, Leoncio Paisano de San Andrés Cholula, Juan Navarro de Chalchicomula de Sesma, Ernestina Fernández de Tehuacán e Inés Saturnino López de Tecamachalco, no han informado el comportamiento de sus bienes patrimoniales en los dos años que llevan gobernando.

De acuerdo con el calendario de obligaciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) de Puebla, los ayuntamientos tienen hasta las 24 horas de este 29 de febrero para realizar la Declaración de Situación Patrimonial.

Por ley están obligados a realizar tres tipos de declaración: de inicio, modificación y conclusión. El primero consiste en informar dentro de los 60 días naturales a la toma de posesión, actualizar la información cada año y detallar la información dos meses antes de concluir el cargo. Las sanciones a las que se hacen acreedores los servidores públicos que omitan cumplir con esta obligación, van desde la inhabilitación hasta multas económicas.