La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 11/2016 al edil de Teziutlán Antonio Vázquez Hernández, para que pague un millón de pesos por concepto de salarios caídos a cinco trabajadores jubilados y pensionados a los que se les suspendió su pago desde agosto del 2014 cuando el alcalde determinó desaparecer el sindicato del ayuntamiento.

Esta recomendación se da tras el incumplimiento de un acuerdo logrado entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en diciembre del 2015, cuando el organismo realizó una visita al ayuntamiento para verificar esta denuncia y en el que en la que el edil se comprometió, en el oficio 283/2015 con fecha 31 de diciembre del 2015, que el gobierno local reintegraría los sueldos a estos cinco ex trabajadores pero incumplió.

La recomendación contempla que el edil no realizó los trámites legales necesarios para cancelar o restringir este derecho a los trabajadores, por lo que está violando sus derechos humanos y lo instó a girar las indicaciones a las áreas correspondientes del ayuntamiento de Teziutlán para resarcir el daño causado a estas cinco personas que dejaron de percibir su pensión.

El pago retroactivo que pide la CEDH que pague el ayuntamiento corresponde a las quincenas de los años 2015 y 2016, con los ajustes económicos que legalmente corresponden y realizarlos hasta la actualidad restituyéndoles este derecho. Los afectados son personas de la tercera edad de 61, 94, 65, 68 y 79 años.

En el expediente de queja 1172/2015 del 6 de febrero de 2015 se acreditaron violaciones a derechos humanos en agravio de estas cinco personas por lo que se pide resarcirles sus derechos vulnerables, ya que pertenecen a un grupo vulnerable que requieren de una protección especial de su jubilación y pensión para hacer frente a la vida y sufragar sus gastos de alimentación, vestido y vivienda.

En su denuncia los afectados denunciaron la violación a sus derechos adquiridos durante las represalias que ejerció el gobierno de Antonio Vázquez contra el sindicato del ayuntamiento al que pertenecían ellos, donde el edil desconoció a la agrupación sindical y liquidara de manera injusta e ilegal a algunos trabajadores a los que se les obligo a firmar su renuncia para que perdieran su antigüedad y los volvieron a contratar con un sueldo mucho menor al que venían percibiendo, con lo que perdieron su derecho a jubilarse.