Luego de que el gerente, el encargado de seguridad y 10 empleados del antro conocido como El Clássico, propinaran una salvaje golpiza a un joven y el lugar fuese clausurado, la ex alcaldesa Blanca Alcalá ordenaba reabrirlo unos meses después en 2009. Mientras que en el 2001, Eduardo Rivera entregaba de facto la zona limítrofe con San Andrés Cholula en el Congreso del Estado. Y en el 2006 el PAN acusaba al ex gobernador, Mario Marín, de preparar una elección de Estado al designarles “padrinos” a los candidato a diputaciones federales.

Con un permiso otorgado por la administración de Blanca Alcalá, el antro conocido como El Clássico reabrirá sus puertas, luego de ser clausurado el 2 de agosto del 2008 por el Ayuntamiento de San Andrés tras la salvaje golpiza que el gerente, el encargado de seguridad y 10 empleados más propinaron al joven Jorge Zavala Gutiérrez.

Eduardo Rivera Pérez pasará a la historia como el primer alcalde de la Angelópolis en no defender el territorio del municipio, pues en la firma de una carta de intención para  solucionar los conflictos territoriales entre San Andrés Cholula y Puebla capital, en el Pleno legislativo, dejó que su homólogo, Miguel Ángel Huepa, desestimara el decreto de 1962 y se “apropiara” de la zona en conflicto.

La declaración provocó que los diputados Enrique Doger, José Juan Espinosa, Edgar Salomón y David Huerta, abandonaran la sesión, al considerar que nadie puede hacer uso de la tribuna para ofender el trabajo de los legisladores. Rivera Pérez no hizo ningún comentario, al contrario, dijo que el tema sólo corresponde a los legisladores.

La estrategia del gobernador Mario Marín Torres de nombrar “padrinos” políticos para apoyar las campañas de los candidatos a diputados de Alianza por México es un indicio de una “elección de Estado”, denunció el diputado panista Raymundo García García.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya avaló el uso eficiente de los recursos por parte de la administración estatal para la adquisición de mil 690 mototractores en 2012, informó el área de Comunicación Social de la gestión morenovallista, después de que los senadores del PRI denunciaron diversas irregularidades en la adquisición de estos vehículos para el campo y por las cuales solicitó fiscalizar este programa del gobierno, además de un informe sobre las observaciones no solventadas en las cuentas públicas 2012 y 2013.

Por primera vez, la procuradora Blanca Laura Villeda reconoció que tiene miedo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) imponga un “fallo adverso” a ella y a las autoridades poblanas investigadas por la detención y la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.