Autoridades federales y estatales investigan al excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, por el supuesto reparto de 70 millones de pesos a través de empresas fachada y tarjetas de nómina que habrían sido distribuidas a Consejos Ciudadanos del blanquiazul para la compra del voto durante la campaña electoral.
Después de una denuncia que interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en mayo, el diario El Universal corroboró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) mantiene una investigación abierta con el expediente FED/FEPADE/UNAI-COAH/0000628/2017, relacionado con el seguimiento a una acusación por presunto hechos ilícitos en materia electoral del PAN.
Además, la Fiscalía Estatal de Delitos Electorales de Coahuila le da seguimiento a dicho tema con una carpeta de investigación con número 00009/SAL/ULDE/2017, en la que ha pedido información a distintas áreas de la PGR, incluida a la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros.
Estas investigaciones continúan en medio de impugnaciones de la elección de Coahuila del pasado 4 de junio, por el rebase de tope de gastos de campaña, tanto de Guillermo Anaya, por el PAN, como por Miguel Ángel Riquelme, del PRI. El diario El Universal buscó al presidente del PAN en Coahuila, Bernardo González, pero no hubo respuesta.
Según las indagatorias, el senador Luis Fernando Salazar y Guillermo Anaya reclutaron a alrededor de 6 mil personas para conformar decenas de Consejos Ciudadanos en Coahuila, los cuales se dedicarían a la compra del voto.
El mecanismo señalado detalla que la red de Consejos Ciudadanos recibía tarjetas de nómina Banorte que estaban a nombre de personas afiliadas a sindicatos involucrados en el entramado. El dinero era depositado presuntamente por empresas fachada como Carnes Shamorock SA de CV, Corporativo Rivela SA de CV, así como Romero, Granados y Asociados Sociedad Civil, que solamente prestaban el nombre de sus supuestos sindicalizados para tramitar las tarjetas, pero los plásticos repartidos a los activistas del blanquiazul.
Según los señalamientos, más de 70 millones de pesos fueron transferidos por las empresas fachada para la compra de votos.
Sin embargo, como las tarjetas no estaban a nombre de los integrantes de los Consejos Ciudadanos, sino de los sindicalizados, los activistas del PAN realizaban retiros en tiendas Oxxo o cajeros automáticos, a fin de evitar uso de ventanillas en sucursales bancarias y que fueran descubiertos por no ser los titulares de las cuentas. Los cobros iban de los 350 hasta 2 mil 500 pesos por semana, por lo que las autoridades indagan si ese dinero en efectivo era utilizado para la realización de actividades proselitistas de Guillermo Anaya o directamente para comprar los votos a favor de su candidatura.
Fuente: Siglo de Torreón