Cuando el gobernador Tony Gali se coloca frente a un grupo de mujeres periodistas y dice: “El gobierno debe proteger a los periodistas” la aseveración por sí sola e implicación que tiene en el actual contexto mexicano en este preciso momento histórico, cobra una dimensión de carácter nacional. Ese solo segmento de su discurso debería tener resonancia en medios de comunicación de todo el país. Los propagandistas de Gali Fayad no pueden dimensionar la trascendencia de esta expresión porque aún vivimos dentro de una esfera de publirrelacionistas aldeanos.

 

Pero bastaría con preguntarse: ¿Cuántos gobernadores pueden hacer la misma declaración? ¿Cuántos?

 

Para empezar el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera de ninguna manera podría decirlo, so pena de desatar el inmisericorde escarnio de los portales nacionales. No debe olvidarse que durante el fatídico gobierno de Mancera se dio el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, un misterioso crimen que hasta la fecha no está ni remotamente esclarecido. Además de otras agresiones a comunicadores, principalmente mujeres, ante las cuales la procuraduría capitalina ha sido completamente indiferente.

 

La declaración de Tony Gali tampoco podría hacerla Miguel Ángel Yunes Linares o Javier Corral Jurado, ni la abrumadora mayoría de gobernadores.

 

Pero de manera especial debe subrayarse que esta afirmación sería imposible para el mismo presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien frente a las decenas y decenas de asesinatos de periodistas que ocurren en todo el país ha guardado el más significativo de los silencios.

 

Es claro que el Estado mexicano de manera deliberada y premeditada está haciendo un papel omiso ante los asesinatos y agresiones contra periodistas. En el fondo es una estrategia perversa para ahogar las palabras de voces y medios incómodos.

 

Todo el aparato federal que presuntamente sanciona los ataques contra periodistas es una gran farsa: la Fiscalía Especializada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros bodrios administrativos que son los grandes ausentes a la hora de proteger a los representantes de la prensa.

 

Pero sobre todo debe destacarse y subrayarse que Peña Nieto jamás ha expresado ni una sola palabra sobre esos ataques a la Libertad de Expresión.

 

Por su parte el gremio de periodistas combativos ha hecho un papel ni más, ni menos que lastimoso. Esas marchas del Ángel de la Independencia ya no sacuden, ya no mueven, no provocan reacciones ni oficiales, ni sociales, por la simple y sencilla razón de que no tienen propuestas concretas, viables y realistas. Son incapaces de plantear, de formular una iniciativa sólida para la  protección de los mismos periodistas.

 

Este es el caótico y anárquico contexto nacional; este es el desastre mayúsculo bajo el que sobrevive la prensa mexicana, un fenómeno devastador que llama la atención de medios internacionales.

 

En este escenario dantesco el gobernador de Puebla Gali Fayad declara: “el gobierno debe proteger a los periodistas” y ofrece detalles sobre una investigación realizada por autoridades locales.

 

Ningún pinche gobernador mexicano podría decir lo mismo; ninguno. Pero los propagandistas de Gali no se dan cuenta de la implicación, de la connotación, de la trascendencia de esta postura, porque solo leen portales locales.

 

Sin más palabras.

 

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