Thursday, 25 de May de 2017

Viernes, 20 Enero 2017 03:41

Los retos del gobierno de Tony Gali




Written by  Julian Germán Molina

El pasado 15 de enero, en el Centro de Convenciones de Ciudad Modelo, el ejecutivo del estado rindió su sexto y último informe de actividades, contando con la presencia de distintos personajes de la política nacional y estatal, así como de la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga como representante del ejecutivo federal.


En dicho acontecimiento, Moreno Valle señaló que la única manera de vencer a la demagogia populista es entender y resolver las causas de la irritación social, la sociedad exige un cambio con respeto a la pluralidad y derechos humanos, el cual busque la igualdad de oportunidades.

 

Añadió que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, un cambio de política que convierta al gobierno en facilitador de la inversión. Enfatizó que la sociedad exige un cambio que se caracterice por el respeto a la pluralidad y los derechos humanos que busque igualdad en las oportunidades, dejando atrás políticas sociales paternalistas; un cambio de política económica que convierta al gobierno en promotor de la productividad y la sustentabilidad sin recurrir al endeudamiento.

 

Sin embargo, para que un estado pueda considerarse en óptimo desarrollo, no deben dejarse resquicios sin atender y menos, aquellos aspectos que impactan gravemente en los derechos humanos de los ciudadanos, como el adecuado desarrollo social dentro de un estado seguro que garantice una paz social.

 

Y precisamente en este rubro, es donde la administración saliente deja varios pendientes, ya que la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, fueron rubros donde los resultados no fueron los esperados, vea usted por qué se afirma lo anterior.

 

En Puebla, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016, el delito más frecuente es Robo o asalto en la calle o en el transporte público, seguido de extorsión y en tercer lugar Robo parcial de vehículo, lo cual evidencia la ineficacia de la señalada administración de brindar seguridad en las calles a sus ciudadanos.

 

Asimismo, otro dato alarmante y contundente es el que nos muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) con cifras correspondientes a diciembre del 2016, donde nos indica que las personas de 18 años y más que consideraron que vivir en Puebla es inseguro alcanzó un 79.3 %, lo que evidencia contundentemente; uno de los retos que enfrentará el Gobierno de Tony Gali: lograr una ‘Puebla segura’.

 

De igual forma, en dicha encuesta, la percepción que tiene la población mayor de 18 años que vive en Puebla sobre la efectividad de sus autoridades gubernamentales para resolver los problemas más importantes fue de apenas el 32.5 % de aceptación.

 

Otro de los desafíos que enfrentará la nueva administración, será el aceptar se decrete la alerta de violencia de género, ya que de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el estado de Puebla ocupa el noveno lugar en feminicidio a nivel nacional y segundo lugar en trata de mujeres, también a nivel nacional de acuerdo con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la PGR. Además, la entidad poblana es ya el primer lugar en casos de mujeres desaparecidas de acuerdo con la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

 

En el rubro de procuración e impartición de justicia de acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX 2016), realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) y la Universidad de las Américas Puebla, nuestra entidad se ubica en el grupo 3, considerado de alta impunidad.

 

Es importante mencionar que el anterior estudio, revela que en Puebla se registra una cifra negra de 93.2 % de delitos no registrados oficialmente, es decir, delitos que no se denuncian por motivos imputables a la ineficiencia de nuestras autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia, por considerar como pérdida de tiempo acudir a denunciar. Cifra ligeramente mayor al registro promedio nacional de delitos de esa naturaleza.

 

Para el caso de la dimensión funcional del sistema de seguridad, el IGI-MEX 2016, indica que Puebla tiene una incidencia delictiva mayor a la media nacional, y que específicamente, del total de homicidios registrados en las procuradurías y fiscalías generales, tan sólo el 11 % de estos casos fue representado en ingresos penitenciarios en 2013, mientras que para el delito de robo, este porcentaje fue del 4 % para el mismo año

 

Por otro lado, en lo que respecta de la estructura del sistema de seguridad, se encontró que Puebla contaba con un personal en procuradurías de justicia de 39.3 personas por cada 100 mil habitantes, número por debajo del promedio nacional de 75.7. Asimismo, se encontró un rezago en la infraestructura y el personal para la procuración de justicia, específicamente en Agencias del Ministerio Público, ya que la entidad contaba en 2013 con 1.7 agencias por cada 100 mil habitantes, comparado con la media nacional de 3.4. Mientras que por cada mil delitos registrados en procuradurías y fiscalías, sólo hay 3 agentes del Ministerio Público procesando y determinado las averiguaciones previas y carpetas de investigación. En materia de capital humano en el sistema de impartición de justicia, Puebla tiene un serio rezago en materia de magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes. El estado tiene solamente 1.5 mientras que la media nacional es de 3.5. Esta misma realidad se ve reflejada con el número de secretarios en tribunales superiores de justicia que en el estado solamente se cuenta con 6.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 11.9. El estado también presenta un rezago con respecto del resto del país en materia de encarcelamiento por robo y homicidio. Siendo el promedio nacional para el primer delito de 10.3 y en el estado de 3.7. Para el caso del delito de homicidio entre averiguaciones previas iniciadas la estadística nacional es de 27.5 y en Puebla es de tan sólo 11.4. Esta situación puede estar correlacionada con el serio problema estructural que tiene el Poder Judicial en la entidad. De ahí que la nueva administración está obligada a modificar las estadísticas actuales en estas áreas, por ser una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, por encima de las grandes obras y proyectos que sólo benefician a una parte de la población.

 

 

 

 

 

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