La incertidumbre de las decisiones de los jueces y magistrados, la falta de credibilidad de juzgados y tribunales, la demostración de la incompetencia e ignorancia de muchos de los miembros de los poderes judiciales en toda América Latina y, sobre todo, la corrupción son lo que se observa todos los días en el sentir de la población, al igual que los denominados justiciables, que están formados en las oficialías de partes, en las puertas de juzgados y tribunales, e incluso haciendo manifestaciones afuera de los palacios de justicia; todo para un fin común: que se les administre justicia. Esperanzados en una sentencia, en un acuerdo, en que se les proporcionen copias certificadas de algún trámite, que se suspenda la clausura, la orden de aprehensión, el cobro de un crédito fiscal, etc., evidencian la crisis por la que pasan los poderes judiciales de nuestra región —donde, desde luego, México no está excluido—.

Debido a esta realidad, los organismos de los Estados implementan políticas públicas para provocar un cambio al respecto. Los propios poderes judiciales impulsan capacitaciones, cursos y becas para maestrías y doctorados para sus miembros, así como congresos y seminarios con la finalidad de eficientar la calidad de los servicios en la administración de justicia, además de remodelaciones de las oficinas, instalación de sistemas tecnológicos para un mejor control de sus expedientes, ahorro en papel, supervisión constante a actuarios, secretarios, jueces y magistrados por órganos capacitados para ello, el pago de sus salarios mucho más elevados —a grado tal que ya es una exageración—, exámenes de confianza y de conocimientos jurídicos para una carrera judicial, sistemas de elección popular de los jueces de la Corte —como sucedió en Bolivia— o una forma más democrática de elección de los miembros de los tribunales superiores tanto en provincias, entidades federativas y en las cortes nacionales. Todas éstas son muchas de las medidas que se han establecido para una mejor administración de justicia. Sin embargo, no se logran grandes beneficios; si bien se puede sostener que si obtienen avances, estos resultan insuficientes, a lo que habría que adicionar que se profundiza la crisis en parte con los sistemas tecnológicos que gobiernan las instituciones judiciales, en lugar de que éstas gobiernen a los sistemas computacionales.

Por razones tecnológicas, los jueces, magistrados y secretarios han sido absorbidos en este sistema capitalista en que nos encontramos, que ahoga a la humanidad; ya que a un tribunal, a un juzgado no se le califica ni controla por la calidad en el dictado de acuerdos y sentencias, en la eficacia para ‘dar a cada quien lo que le corresponde’, como dicta la definición de justicia de Ulpiano, sino que se les califica por cómo se controla a los comisionistas, cajeros o vendedores de un banco, de un restaurante, de una agencia de turismo o de vehículos; por cómo trata a su personal un desarrollador inmobiliario, hotelero, joyero o de almacén de ropa, es decir, por la estadística, número de sentencias y acuerdos que se dictan al mes, sin importar cómo se haya resuelto, si se valoraron correctamente las pruebas ni si se está cumpliendo con ‘darle a cada quien lo que le corresponde’.

Debido a esa estadística; observamos que otorgan la suspensión de la clausura que ya se consumió, que se otorga la suspensión del embargo que ya se ejecutó, que se niega la demolición del edificio que ya se derribó, que se nombra heredero al albacea que esperó tanto que murió, que se destraba la cuenta bancaria de la empresa que cayó en quiebra, que se le otorga la indemnización a los trabajadores o la pensión a los de tercera edad de los que la mitad de los interesados ya falleció, pero finalmente se está cumpliendo con la estadística de los juzgados y tribunales.

Es evidente que la realidad de los palacios de justicia es muy distinta a la realidad que existe en las calles de las ciudades de nuestros países de América Latina, en tanto que en los primeros viven de las abundantes prestaciones del Estado, a veces sin control del personal, mucho menos de horarios de entrada y salida, con edificios totalmente climatizados. En la calle es radicalmente distinto el clima; la ciudadanía, con desempleo, robos, fraudes y asaltos, y qué decir de las desapariciones, desplazamientos, homicidios y secuestros provocados por los grupos delincuenciales. Por parte del Estado, de los órganos del Estado, de la administración pública, de la propia policía, de los visitadores, de los inspectores de cualquier nivel y órgano de gobierno solamente encontramos expropiaciones injustificadas, multas absurdas, clausuras y detenciones arbitrarias, embargos excesivos, impuestos y contribuciones exorbitantes, es decir, actos confiscatorios por doquier; y qué decir de los servicios sociales, hospitales sin instrumental médico o rebasados en su capacidad, sin personal capacitado o plenamente burocratizado, aspirando a la próxima quincena, periodo vacacional o pensión; escuelas oficiales en ruinas, sin profesores o sin sueldos suficientes, con alumnos desnutridos y sin útiles escolares o computadoras y equipos electrónicos inservibles; acciones y omisiones de los órganos del Estado, donde ni la mitad de los afectados acude a los juzgados y tribunales a exigir justicia o por lo menos a presentar una denuncia o demanda, que a veces en mucho beneficia para evitar la aplicación de la justicia ‘por su propia mano’, puesto que bajo la amenaza de los propios delincuentes y a veces de los propios órganos del Estado, con el afán de que esa estadística no incremente los números de robos y actos delictivos, no se acude a exigir firmeza a estos palacios de justicia.