Uno de los legisladores preguntó a sus anfitriones si no tenían temor que se robaran las urnas el día de la elección. El español volteó a verlo con cara de sorpresa: “¿Y para qué se las robarían?, sólo tienen votos”, le dijo.

La respuesta del político español es la clave de la ley electoral en México: la sospecha.

Al haber construido una norma sobre la base de la desconfianza se abrieron frentes que se han intentado cerrar con acuerdos y normas complementarias.

Uno de esos es la veda electoral que impide que el Gobierno de la República difunda su labor al menos por 90 días previo a una jornada electoral.

El principio que rige la norma es el no uso de recursos públicos en campañas electorales y, contra ese, nadie puede estar en desacuerdo.

Por esto, el Gobierno de la República diseñó un blindaje electoral que busca, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, darles a los ciudadanos certeza respecto de sus actuaciones en épocas electorales.

Así, se busca prevenir que los recursos públicos se desvíen para incidir en el voto, y evitar que aquellos destinados a los programas sociales sean utilizados con fines electorales; cumplir con la obligación de suspender la propaganda gubernamental para cumplir con la ley que impide la difusión durante el tiempo que duren las campañas, a fin de garantizar la imparcialidad; establecer acciones preventivas para que los servidores públicos no violen disposiciones jurídicas penales, administrativas y electorales.

Hoy se ha puesto de moda acusar de actos irregulares a servidores públicos que en estados donde hay elecciones realizan, simplemente, su trabajo.

Habría que reflexionar, entonces, si los servidores públicos de todos los niveles deben recluirse en sus oficinas e ignorar los problemas que el país enfrenta.

A nadie le sirve un gobierno paralizado, detenido en medio de un debate electoral que no tiene fin.

El Gobierno de la República y los servidores públicos no van a violentar la ley y van a cumplir con lo que la ley señala.

Muchos años han pasado desde la primera gran reforma electoral que, hoy, marca los límites al actuar de los servidores públicos.

Hoy, las elecciones tienen una garantía legal para garantizar equidad, pero más allá de eso están las convicciones democráticas.