Saturday, 29 de April de 2017

Miércoles, 19 Abril 2017 02:04

Combatir la corrupción




Written by  Luis Antonio Godina

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboraron el estudio México: Anatomía de la Corrupción, realizado por María Amparo Casar, que es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción.


La corrupción, dice el estudio, tiene costos políticos como la insatisfacción con la democracia: sólo 37% apoya a la democracia, sólo 27% se encuentra satisfecho con la democracia; hay crisis de representación: 91% no confía en partidos políticos, 83% no confía en legisladores, 80% no confía en instituciones del sistema judicial.

 

“De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.

 

“Muestra de la importancia de la corrupción en la agenda nacional es la creciente atención que sirve por parte de los medios: entre 1996 y 2014 el número de notas sobre corrupción en la prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó de 502 a 29,505 notas en 18 años”, refiere el documento.

 

Por eso, todos quienes se desempeñan en el servicio público deben esforzarse en acabar con esa percepción y entregar a los ciudadanos resultados basados en el respeto a la ley.

 

En este marco, apenas el lunes, el presidente Enrique Peña Nieto, en el evento de la toma de nota y protesta de la directiva del Congreso del Trabajo, dijo que su gobierno asume la exigencia que hay entre la sociedad mexicana, “de demandar del servicio público invariablemente integridad, probidad y honestidad, como diariamente lo hacen, y hay que reconocerlo y hay que decirlo, millones de mexicanos”.

 

Y a propósito de los dos ex gobernadores detenidos recientemente, afirmó: “quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos”.

 

Y, sencillamente, así debe ser en una sociedad democrática en donde impere el Estado de Derecho.

 

Todos quienes ocupan un puesto público y que decidieron en algún momento servir a los ciudadanos, deben hacerlo conforme a la ley y apegados a valores éticos.

 

Es la ley la que marca el camino a seguir, y es la propia ley la que determina si un servidor público es culpable de algún delito. Nadie más.

 

Hoy, son los gobernadores y ex gobernadores quienes están bajo el ojo ciudadano que se ha convertido, para el bien de la sociedad, en un vigilante del actuar de los servidores públicos.

 

Tenemos investigaciones periodísticas, denuncias ciudadanas, protestas por el actuar de quienes ofrecieron respetar la ley al desempeñar un cargo público y eso, sin duda, es una buena noticia.

 

Los gobernadores y ex gobernadores han encontrado en los ciudadanos un dique, prácticamente infranqueable, a posibles pretensiones de impunidad o actos ilegales.

 

El imperio de la ley es el que debe marcar el destino a seguir y todo aquel que incurra en irregularidades debe ser sancionado.

 

 

 

 

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