El Edomex es el que acapara la mayor atención de los mexicanos, pues se trata de la entidad con mayor población, con ingresos económicos superiores a los del resto de las entidades del país, sede del legendario Grupo Atlacomulco, el grupo más influyente políticamente hablando y de un gran poder económico, que además, es la tierra natal del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Los tres principales partidos que se disputarán la gubernatura en la entidad vecina son el PRI, el PAN y Morena. El PRD ha dejado el lugar como primera fuerza de izquierda, a su retoño, el partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Según dejan entrever las informaciones de prensa y los comentarios de politólogos y columnistas de la prensa nacional, el PAN está débil y la lucha será entre Alfredo del Mazo, hijo de ex gobernador, primo del actual presidente y miembro joven del Grupo político más poderoso del país, y la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, de origen humilde, es hija de un albañil, maestra normalista, ex presidenta municipal de Texcoco y ex diputada federal.
En el caso de Acción Nacional, doña Josefina Vázquez Mota, es candidata perdedora a la presidencia de la república en las pasadas elecciones federales. Se sabe que no tuvo el apoyo de Felipe Calderón, en ese tiempo el segundo presidente de la República de origen panista y que muchos prominentes miembros de su partido, la traicionaron también. En esta ocasión se enfrenta además, a una denuncia por malversación de más de mil millones de pesos que fueron aportados por el gobierno federal a una fundación, que ella preside o presidía, para atención de trabajadores migrantes. Además, las informaciones recientes de la prensa nacional, señalan que su familia (padre y hermanos) están siendo investigados por la Secretaría de Hacienda, por presunto lavado de dinero.
Sea cierto o no, esto deberán determinarlo las autoridades respectivas, los simples rumores y noticias que se han publicado a nivel nacional, la afectan muy seriamente.
Pero además, el Partido Acción Nacional no está pasando por su mejor momento, sino todo lo contrario, como dijeran los clásicos.
Hay una seria división al interior del PAN que tendrá forzosamente serias repercusiones en las elecciones próximas tanto del estado de México como de Nayarit y Coahuila, y también en las de Veracruz, donde el recién estrenado gobernador panista, de origen priista, parece no traerlas todas consigo, dado que se le han agudizado los problemas, principalmente los de inseguridad.
Los otros estados que tendrán elecciones de gobernador, Nayarit y Coahuila, también tienen sus problemas. En el primer caso, la aprehensión del Fiscal nayarita, Edgar Veytia Cambero, en Estados Unidos, a quien se sabe ahora, apodan “El Diablo”, acusado de liderar a un grupo del crimen organizado, desprestigia al gobierno priista de ese estado.
Nayarit es una entidad territorialmente pequeña, ubicada en la zona occidental de México, vecina de Jalisco, que en años recientes registró un alto índice de criminalidad que no se conocía en esa zona. Ahora ya se sabe por qué.
En Coahuila las cosas parecen más tranquilas, pero el PRI, partido que ha gobernado ese estado desde hace muchos años, arrastra con el desprestigio que le ocasionó el endeudamiento provocado por el ex gobernador Humberto Moreira.
Todos sabemos que los políticos y sus partidos han estado acumulando tanto desprestigio a través de los años, tanto desencanto entre la población, que ahora la ciudadanía ya no cree en nada y si aún participa en los actos políticos, es por las dádivas que le dan, ya que México es el país de América Latina, que más ineficiente ha sido en los últimos años, en el combate a la pobreza.
Y esa ineficiencia no ha sido a propósito, como algunos piensan, para mantener su clientela política, sino porque nuestros políticos y sus partidos son eficientes en la grilla, pero no en las acciones de gobierno para resolver los problemas sociales que nos agobian.
Ya se habrá enterado que el agregado que se hizo a la Constitución del Estado, en su parte relativa a las atribuciones de los municipios en materia de agua potable y que podría ser la base para la privatización del servicio en gran parte de las circunscripciones municipales, fue echado fuera por los señores diputados locales.
Claro que no fue por su voluntad, porque ellos no tienen voluntad, sino por órdenes superiores del gobernador Antonio Gali Hadad, que percibió a tiempo los problemas que tal ordenamiento podría provocar en todo el estado.
Así como aprobaron la reforma a que hacemos mención en el anterior gobierno, hace unos meses, sin ninguna discusión, así se aprobó su abrogación, sin discutir en lo más mínimo.