No hay mayor reto para un periodista que investigar al ejército y exponer a la luz pública la legitimidad de sus operaciones. Acusar a políticos de corrupción, probar su enriquecimiento, es juego de niños. Enfrentar al muro de la seguridad nacional es la cúspide de la función periodística, pero también su mayor riesgo.

 

El paradigma del choque entre medios de comunicación y un ejército refiere a los Papeles del Pentágono, un informe secreto sobre la actuación de la milicia norteamericana en la guerra de Vietnam que demostraba cómo se había engañado sistemáticamente a la opinión pública de EU sobre el resultado de las operaciones, bajas de soldados, muerte de civiles y prácticas de tortura.

 

The New York Times comenzó la publicación de ese dossier el 13 de junio de 1971 que contenía información sobre operaciones militares entre 1945 y 1967 bajo la firma del reportero Neil Shenan. El gobierno de Estados Unidos inició acciones judiciales para detener la publicación, pero un consorcio de 17 medios que incluyó al Times, The Washington Post, The Boston Globe acudió al Tribunal Supremo que terminó por darles la razón: la publicación podía continuar porque la opinión pública estaba por encima de la seguridad nacional.

 

Criticar al Ejército Nacional te coloca en la postura de antipatriota, enemigo de las instituciones y difamador de los valientes soldados dispuestos a jugarse la vida por su país. Pero en las sociedades occidentales hay un valor supremo por encima de la seguridad nacional: los derechos fundamentales, las garantías individuales, la dignidad humana.

 

En el choque de valores, prevalece la dignidad humana frente a la seguridad nacional. Así ocurrió en 2004 cuando el programa 60 minutos conmocionó al mundo al revelar las fotografías que mostraban el trato inhumano en la prisión iraquí de Abu Ghraib, gestionada por el ejército norteamericano. Tales imágenes filtradas mostraban a miembros del personal militar humillando, lacerando y abusando de prisioneros iraquíes de mil maneras perversas: podíamos ver, por ejemplo, a hombres encapuchados de pie sobre cajas de cartón con cables eléctricos conectados a sus dedos y órganos genitales; a prisioneros tratados literalmente como perros, con correas atadas al cuello.

 

Ese día, la administración de Bush perdió el poder, y Estados Unidos la poquísima legitimidad a la invasión en Irak. A los periodistas que revelaron los abusos se les acusó de todo: antipatriotas, que ponían en riesgo a los efectivos en un país extranjero, que los enemigos de Estados Unidos tendrían más razones para financiar el terrorismo y un largo etcétera. Los más absurdos dijeron que la tortura era un hecho sabido que no era noticia, y las imágenes sólo abonaban al morbo, al amarillismo.

 

La maquinaria de propaganda de un ejército es poderosa para amedrentar a los periodistas y frenar las revelaciones. No podía ser de otra manera. En el caso de Palmarito ya está en marcha. Que si los videos provienen del sistema de cámaras de los huachicoleros. Que cómo un campesino tenía una camioneta BMW blindada. Que el soldado no disparó para ejecutarlo, sino para ver si todavía estaba vivo. Que si se trata de una estrategia de los huachicoleros para sacar al ejército de la zona. Que si los periodistas nos prestamos a eso. Que el video de la cámara dos lo cambia todo cuando un delincuente armado mata a un soldado por la espalda. Que ellos se los buscaron por andar en actividades ilegales.

 

Todos esos argumentos de la contrapropaganda de Sedena no borran el hecho principal: un soldado ejecuta a un civil desarmado e inerte. Si el sistema avala una ejecución extrajudicial, como dijo ayer Emilio Álvarez Icaza, mejor hay que quemar la Constitución.

 

El video estremeció al país y el esclarecimiento del caso va en marcha.

 

La CNDH ya abrió el expediente de la queja, el ombudsman recibió a los pobladores y concedió medidas cautelares; como frenar los operativos del ejército en la junta auxiliar.

 

Con ocho días de retraso, la Procuraduría General de la República envió a sus peritos a analizar la escena del crimen ya totalmente alterada y con escasas posibilidades de reconstruirla.

 

Según una fuente anónima a El Universal, la Sedena analiza entregar al soldado que cometió el abuso si el escándalo sigue creciendo.

 

El fiscal Carrancá prefirió declinar sus carpetas de investigación a la PGR en un asunto que ‘quemaba las manos’.

 

El presidente Peña, jefe de las Fuerzas Armadas, dice que el asunto se va a esclarecer.

 

Los medios nacionales no sueltan el tema.

 

Y si nada de eso funciona, mejor hay que quemar la Constitución.