El empresario Alejandro Martí es un vivo ejemplo de la miseria humana y del populismo de derechas conocido también como fascismo. El presidente de México SOS dicta anatemas y juzga como si fuera un ciudadano ejemplar, no lo es. Esta es su historia.

 

En 2007 el socio mayoritario de Grupo Martí hizo el negocio de su vida y al mismo tiempo cometió un quebranto contra México: vendió su conglomerado de tiendas y centros deportivos a Alfredo Harp en alrededor seis mil millones de pesos, poco más de 561 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento.

 

A Alejandro Martí le tocaron dos mil millones de esa cantidad y de dicho monto solamente pagó 100 millones en impuestos acogiéndose a un artículo de la ley del ISR que lo obligaba a pagar cinco por ciento de la venta de acciones. Si esta operación se hubiera dado fuera de la Bolsa de Valores, hubiera debido pagar 30 por ciento de ISR, más o menos 600 millones de pesos.

 

Martí no se conformó con el trato benigno por la operación en la BMV e impugnó el pago de esos 100 millones de pesos, un asunto que tuvo que llegar al Pleno de la Suprema Corte quien le negó el amparo. Con todo el dolor de su corazón tuvo que darle un poquito de sus ganancias al Estado mexicano.

 

Al eludir el impuesto del ISR cuya tasa es de 30 por ciento, le escamoteó al erario alrededor de 600 millones de pesos: incrementó su fortuna privada robándole a lo público. Como su amigo era Felipe Calderón, a quien le donó dinero en campaña, Hacienda ni lo molestó y pensó que esa elusión no tendría consecuencias.

 

Sí las tuvo: unos meses después de la venta de Grupo Martí, el hijo del empresario fue secuestrado por la banda de ‘Los Petriciolet’. El cuatro de junio del 2008 enfrente de Ciudad Universitaria, los delincuentes disfrazados de policías montaron un falso retén y se llevaron al muchacho de 14 años. El plagio duró 57 días, y aunque el empresario pagó un rescate millonario, el cuerpo del chico apareció encajuelado en un Corsa. El rescate, se dice, nunca llegó a manos de los secuestradores porque se lo robaron los policías encargados del caso.

 

Con 600 millones de pesos es probable que el Estado tuviera más recursos para mejorar policías, ministerios públicos, fiscalías, agencias de investigación. Martí para enriquecerse, devaluó lo público hasta que la delincuencia le mordió la cola. Apenas unas migajas fueron a dar a las arcas del Estado mexicano. La fórmula de la corrupción: ganancias privadas, pérdidas públicas.

 

La derecha y Felipe Calderón convirtieron a Alejandro Martí en un líder moral, un fascista que dicta anatemas en el rubro de la seguridad pública al lado de María Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace: figuras autorizadas a descalificar a todo y a todos, pero también a convalidar y avalar conforme a sus intereses de sus organizaciones oscuramente financiadas. Negociantes con facha de activistas.

 

Al estilo de la Wallace y de María Elena Morera, México SOS le permite a Martí tener voz pública e interlocución gubernamental que ahora, se demuestra, utiliza para las peores causas. Entre ellas pagar la defensa legal del sargento José N, el militar que ejecutó a sangre fría a un poblador de Palmarito Tochapan la noche del tres de mayo cuando los soldados ingresaron a la comunidad y supuestamente fueron agredidos con escudos humanos de mujeres y niños, una mentira ya evidenciada.

 

La defensa pagada por Martí consiguió que un Juez de Control del Poder Judicial Federal rechazara la acusación al militar por homicidio calificado al desestimar el video presentado por CAMBIO y otros medios, señalar que la PGR no había aportado peritajes en materia balística, y además, que los militares se estaban jugando la vida en zonas conflictivas, lo que podía equipararse a una situación de guerra.

 

El criterio del juez era insostenible y el magistrado del Segundo Tribunal Unitario reencausó el asunto a la mínima lógica: el video por supuesto que es prueba válida —ya se le había realizado un peritaje independiente— y existen todos los elementos para juzgar al sargento José N por la ejecución de un civil herido, desarmado y vencido. Es decir, homicidio calificado con todas las agravantes. El magistrado, además, exhibió la evidente parcialidad y simpatía del Juez de Control hacia la milicia.

 

Pero ayer en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el miserable Alejandro Martí no sólo insistió en continuar pagando la defensa jurídica del soldado, sino que además exigirá al ministro presidente de la Corte investigar al magistrado por la ‘celeridad’ inusitada con la que resolvió el toca, además de levantar el sospechosismo imbécil de si se busca beneficiar a los huachicoleros.

 

Hay personas que no entienden que la corrupción se encuentra en todos los cuerpos responsables de la seguridad pública. Así como los principales sospechosos de haber robado el dinero del rescate son los mismos integrantes de la Policía Judicial del Distrito Federal, según documentaron Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso en su reciente libro ‘Justicia inútil’, un soldado sin preparación o temple para lidiar con civiles decidió ejecutar como si esto fuera una guerra.

 

Pero la corrupción, la miseria humana y la pendejez también son propios de los empresarios disfrazados de activistas.