El debate sobre la operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal y sus consecuencias criminales en las calles es muestra del subdesarrollo de la clase política mexicana. Los mismos diputados, senadores y gobernadores que en 2008 aprobaron la nueva modalidad, nueve años después piden a gritos una contrarreforma pese a que tuvieron ese larguísimo plazo para prepararse, capacitar a jueces, ministerios públicos y concientizar a la ciudadanía de lo que se avecinaba.

Un año después de su entrada total en vigor —hubo distintas fases en esos ocho años—, el debate impuesto por la Conferencia de gobernadores con forma de linchamiento mediático se vincula con el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de forma oficiosa. Se trata, sin embargo, de un falso debate provocado por su ignorancia jurídica, pero también su pobreza del idioma español: simplemente no saben leer… o se hacen.

Cuando el artículo 19 establece que “El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud” está estableciendo un catálogo enunciativo mas no limitativo, es decir, reenvía al Código Penal Nacional para definir los demás delitos.

Por si fuera poco, el siguiente párrafo del artículo 19 lo aclara todo: “La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso”. Esto es, delitos en los que por la gravedad de su comisión pese a que no estén incluidos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, el Juez de Control puede imponerla al supuesto delincuente como medida cautelar.

En efecto: el objetivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal es que los imputados de cometer un delito pueden llevar a cabo su proceso en libertad, a diferencia del anterior en el que casi todos se quedaban en los penales provocando una sobrepoblación carcelaria, pero además, haciendo nulo el principio garantista de la presunción de inocencia.

En el sistema anterior todos éramos presuntos culpables, pues si al terminar el juicio se te declaraba inocente, de todos modos ya habías pasado unos cuantos meses o años en la cárcel. Era el clásico ‘usted disculpe fue un lamentable error”. En esos meses o años al ingresar al penal el acusado accedía a la mayor escuela criminal, las familias se destruían, prestigios, patrimonios y todo para que el final se declare inocente.

En los peores casos el juicio penal podía tardar años, cuatro, cinco, seis, con lo que prácticamente se cumplía el plazo para compurgar la pena pese a no haber sido sentenciado.

En 2008 todos estaban de acuerdo que ese sistema no podía continuar y, prácticamente con el apoyo de todos los partidos, se aprobó la gran reforma y se dio tanto a los estados como al Poder Judicial federal un plazo de ocho años para entrar en total vigor en el territorio nacional. Esos ocho años fueron malgastados por una clase política subdesarrollada.

Hoy, la Conago y muchos alcaldes se escudan en el nuevo sistema de Justicia Penal para esquivar su culpa en la incapacidad de detener la ola criminal que sufrimos. Piden ampliar el catálogo de delitos de prisión oficiosa porque, Miguel Ángel Mancera dixit, todo esto es hipergarantista. ¿Aprobaron a ciegas, y hoy a ciegas también piden privilegiar la cárcel para todo tipo de delincuentes, qué no es lo mismo que hacía el sistema anterior? ¿Entonces para qué un nuevo Sistema? ¿Son tontos?

Pero estos ‘mequetrefes’ gobernadores y alcaldes ¿a poco no se dieron cuenta en nueve años que el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no incluía el robo? ¿O que los nuevos criterios serían aplicables también a los delincuentes actualmente procesados para abandonar los penales? Y otra vez, pese a que el robo, el acopio de armas o el huachicol no tengan prisión preventiva oficiosa, el juez de Control puede imponerla como última de las medidas cautelares.

Ahora, los gobernadores de la Conago encabezados por Miguel Ángel Mancera quieren meter más miedo a la sociedad echándole la culpa a la Suprema Corte que con sus nuevos criterios más de cuatro mil reos abandonarán las cárceles en las próximas semanas. Aquí, en Puebla, Luis Banck alertó que 850 reos dejarán los penales, dice, para volver a delinquir.

Paren el linchamiento: el nuevo sistema de Justicia Penal es un mecanismo para juzgar delitos, no un semáforo de la delincuencia. Nunca se planteó como un instrumento para inhibir la incidencia delictiva, sino para impedir que cientos o miles tengan que entrar a la cárcel mientras dura el juicio que determinará su inocencia o culpabilidad.

¿En verdad van a seguir una ofensiva que los desnuda como ‘mequetrefes’?