El feminicidio 48 del 2017 lo sufrió una estudiante de la Universidad Madero. El cuerpo de Patricia Verónica Rosales García, matriculada en la carrera de Administración Turística, fue hallado en un terreno baldío en el municipio de Amozoc de Mota.

 

La joven de 27 años estaba amordazada y presentaba señales de violencia. No fue la única víctima, pues su novio Daniel, fue encontrado kilómetros más adelante sobre el Periférico Ecológico, también asesinado y con huellas de violencia. Ambos habían salido de antro la noche del viernes, pero no regresaron a sus casas. Algo ocurrió para que todo terminara en tragedia.

 

Este doble homicidio, o feminicidio y homicidio, ocurrió hace apenas tres meses, el 19 de junio, y causó profundo pesar en la comunidad de la Universidad Madero. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha resuelto el crimen, encontrado a los culpables ni sus motivaciones.

 

Pero lo que no hizo Víctor Carrancá lo logró el rector de la UMAD, Job César Romero Reyes: el feminicidio de Patricia Verónica Rosales García fue culpa de ella misma al hacer uso de su libertad de salir por las noches y regresar a altas horas, y hasta de conducir su propio vehículo.

 

El feminicidio de Patricia Verónica Rosales García, según el rector de su casa de estudios, se podría haber evitado si fuera una niña ‘de casa’, que sólo saliera para lo indispensable, que no hiciera vida nocturna ni disfrutara su libertad sexual. La estudiante de la UMAD es culpable de su propia muerte según el rector de esa universidad de corte metodista fundada en 1982.

 

El título de ‘rector’ no salva a Job César Romero Reyes de la estupidez humana. Con su licenciatura en Administración de Empresas por la UDLAP y su Maestría en Ciencias de la Administración por UPAEP, es un pendejazo descomunal que no entiende ni las causas ni los procesos de la ola de violencia de género que vive la entidad.

 

“Para mí se deben (los casos de feminicidios y desapariciones) a la descomposición de la sociedad y a las libertades que las chicas tienen. Ahora, cualquiera de ellas puede salir a muy altas horas de la noche, puede regresar. Ellas han ido ganando espacios en las familias para tener esa libertad, esa autonomía para viajar en su carro o en otros medios. Yo creo que en esa libertad, y en descomposición de la sociedad, se vuelven presas de gente que tenga interés de lastimarlas”.

 

El pensamiento machista de este rector no es inocuo, sino parte de la realidad compleja que no quiere verse ni desde el gobierno, ni desde las universidades. Una compleja realidad que nos golpea cada día con más dureza: la realidad de Karla López Albert, de Paulina Camargo, de Sarahí, y muy reciente, las desapariciones de Saraí Ávila Arellano —hace mes y medio no se sabe de ella— y de Mara Castilla, estudiante de la Upaep presuntamente raptada por el conductor del Cabify que la llevaba de regreso a su casa.

 

Las mujeres en Puebla están en peligro y no por ejercer su libertad, sino por el pensamiento retrógrada de a lo que se exponen por hacer uso de ella. Justo la soberana pendejada que dijo el rector de la UMAD, Job César Romero Reyes, quien si no fuera dueño de su propia universidad, en este momento lo pondrían de patitas en la calle.

 

Saraí Ávila Arellano y Mara Castilla son parte de una estadística pavorosa: nueve de cada 10 mujeres que han desaparecido durante el primer semestre del año en el estado no han regresado a sus hogares, pues de un total de 276 casos reportados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo 27 fueron localizadas, de acuerdo con información obtenida vía transparencia reporta CAMBIO este día.

 

Según los datos proporcionados por la propia dependencia que encabeza Víctor Carrancá Bourget, es el municipio de Puebla en donde se concentra el mayor número con 148 reportes que representan el 53.6 por ciento del total de los casos denunciados. El resto se reparte entre municipios de la zona metropolitana y los que conforman el Triángulo Rojo.

 

En 2016 la FGE reportó que un total de 498 mujeres desaparecieron en ese año, de las que el 57.3 por ciento continúan en estatus de ‘no localizadas’, es decir, poco más de 250. ¿Dónde están? ¿Muertas, en la trata de personas, fugadas? No lo sabemos.

 

Pues sí: ni los títulos académicos, ni ser rector de un sistema universitario con mil 300 alumnos, salvan de la estupidez cavernícola como la de Job César Romero Reyes.