En la compleja y tortuosa historia del derecho electoral mexicano hay pocos ejemplos de ridiculazos legales como el protagonizado ayer por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, un órgano capaz de corregirse a sí mismo el fallo que, tres semanas antes, había dictado para modificar el acuerdo del IEE de asignación de prerrogativas a los partidos políticos conforme a los resultados electorales del 2016.

 

Tontos o locos, Fernando Chevalier y Adrián Rodríguez Perdomo, los dos magistrados electorales en funciones en la ausencia de Jorge Sánchez Morales que fue elevado a juzgador federal, han protagonizado un fallo digno de Viruta y Capulina, lleno de incongruencias y absurdos que ni siquiera ellos mismos pueden explicar.

 

Todavía es peor: la autocorrección es resultado de una petición expresa del IEE, quien originalmente había dictado el acuerdo de asignación de prerrogativas en diciembre del 2016, pero ante la inconformidad de siete partidos que impugnaron, PAN, PRI, PRD; Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Morena, el asunto terminó en la arena del TEEP para resolver el planteamiento original.

 

Fue el pasado 2 de marzo cuando los integrantes del TEEP redujeron de 195.2 millones a 154.8 millones de pesos a la bolsa de recursos a repartir entre los partidos políticos, tomando en cuenta la elección para diputados locales de 2013 y no la elección para gobernador del año pasado.

 

Con dicha decisión, Morena fue uno de los más afectados ya que no recibirá 22 millones de pesos aprobados por el IEE sino únicamente 9 millones, además que a Movimiento Ciudadano lo dejaron sin los 15 millones de pesos que le habían asignado, dado que no compitió en la elección de junio del 2016.

 

Pero Jacinto Herrera Serrallonga y los demás consejeros electorales reaccionarios: citaron a una sesión especial del Consejo General del IEE para irse con todo contra los magistrados del TEEP. El consejero presidente afirmó que “ante la diferencia de 40.4 millones de pesos que existe entre el acuerdo del Consejo General y el fallo del TEEP, éste debe dar una explicación por la ambigüedad y contradicción en la que incurre, además que el acuerdo no fue revocado en el momento oportuno por lo que éste se debe mantener firme”.

 

No fueron los únicos encabronados. Al terminar esa sesión especial, el representante del PRI, Silvino Espinosa aseguró que este instituto político emprenderá una denuncia penal en contra de los magistrados del TEPP, toda vez que se extralimitaron en sus facultades, debido a que con el fallo el tricolor vio mermados sus recursos de 50 a 54 millones de pesos.

 

El punto de debate es casi cómico: para calcular las prerrogativas, los magistrados Fernando Chevalier y Adrián Rodríguez Perdomo se basaron en los resultados electorales de… ¡2013! y no de los de 2016. ¿Qué chingaos pasó?

 

Pues Viruta y Capulina del TEEP, antes de recibir denuncias penales o que el TEPJF los dejara en ridículo, prefirieron autoridiculizarse, revocar su propio fallo y hacer un nuevo cálculo que, sorpresivamente, ahora le da al PRI la friolera de… ¡68 millones de pesos!. Pero no es lo peor: el PAN salió perdiendo al igual que Morena, y lo único que quedó igual es que Movimiento Ciudadano no va a recibir un peso por no haber presentado candidato en 2016.

 

¿Qué chingaos hicieron estos dos magistrados electorales? ¿Así de lerdos van a ser sus fallos en el complejísimo proceso electoral que se avecina?

 

Como diría Arturo Luna en el programa Tres de Tres del lunes pasado: ¿pues qué se tomaron?