Abuso de autoridad y violación de los derechos humanos denunciaron familiares de los detenidos entre jueves y viernes en Atzitzintla y en la comunidad de San José Cuyachapa, perteneciente a Esperanza, tras la ejecución de tres policías ministeriales. Afirmaron que los mantienen incomunicados y han sido torturados para que se declaren culpables.

En conferencia de prensa en un hotel de Tehuacán, parientes de los detenidos exigieron a las autoridades un juicio justo, y afirmaron que los están obligando a declararse culpables.

“Queremos justicia, somos gente de campo”, dijo entre llantos una mujer que no quiso dar su nombre.

Otra de las quejosas, Vicky, familiar del detenido Antonio de Luna de 35 años de edad, señaló que los efectivos entraron a su casa rompiendo ventanas y puertas.

Juan Diego de 17 años acusó que los policías lo sedaron durante el operativo. “Una policía me puso algo en el cuello, mira aquí tengo la marca. Empecé a ver todo borroso y me desmayé. Me quedé tirado en el suelo”, narró.

“Me tomaron fotografías con una arma que ellos traían. Hasta los estéreos de los coches se llevaron”, señaló el joven.

“Los están torturando con descargas eléctricas”

Juana Vázquez dijo que han intentado comunicarse con sus familiares pero no lo han conseguido, sólo han tenido conocimiento que los han torturado con descargas eléctricas en la boca.

Señalaron que los detenidos en los operativos de Encrucijada –perteneciente a Palmar de Bravo– y San José Cuyachapa, son inocentes, pues ellos son campesinos, obreros,  ganaderos y albañiles.

Una de las mujeres declaró que se encontraba en el interior de su domicilio en reposo, debido a que hace un mes dio a luz a un niño, cuando los elementos policiales ingresaron a su vivienda derribando la puerta y apuntando con sus armas.

Acusó que sacaron a su esposo, hermano, cuñado y hasta a un señor que había ido a visitarla por su estado de salud. Aseguró que sus familiares son albañiles y trabajan en una construcción.

Por su parte, María detalló que al llegar su domicilio, vio a los elementos de la Gendarmería que rompían puertas, ventanas, muebles y amenazaron a sus hijos de cuatro, seis, siete y diez años de edad, a quienes además de someter amenazaron.

Los pobladores dijeron estar desconcertados con el proceder de los uniformados, señalando al gobierno del Estado de acusar inocentes para justificar la falta de estrategias para combatir al crimen que opera en esa zona.

Exigieron a las autoridades un trato justo a sus familiares detenidos, el debido proceso y que sean liberados.