La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que existe ‘autogobierno’ en los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez de Puebla, según el documento de Recomendación General No.30/2017 sobre condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.
En el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria del año 2011 al 2015 que desarrolla la CNDH, sólo dos cárceles de puebla presentaron autogobierno. Se tratan del centro de reinserción social de Puebla que presento este problema durante esos cinco años, mientras que en el centro de reinserción social Tepexi de Rodríguez, estas circunstancias sólo se dieron en el año 2012 y 2013.
El objetivo de este diagnóstico es que las autoridades estatales tomen el control de los establecimientos y garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de sus familiares, de los visitantes y del personal.
Entre las observaciones de la CNDH, se encuentra que las personas privadas de la libertad realicen funciones exclusivas de la autoridad o del personal de seguridad tales como el manejo de llaves, introducción y distribución de objetos y sustancias ilícitas al interior de los establecimientos.
Entre las recomendaciones que presentó la CNDH están: ejecutar un programa de monitoreo permanente, destinar en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario, incrementar la plantilla del personal de seguridad y custodia en los centros de reclusión, así como que tengan los perfiles adecuados, identificar a los servidores públicos que facilitan las condiciones de autogobierno y/o cogobierno, desarrollar un programa permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia.
Los indicadores que tomó en cuenta la CNDH para realizar esta recomendación fueron: la capacitación del personal penitenciario; ausencia de cobros (extorsión y sobornos), personal de seguridad y custodia (cantidad y aptitud), normatividad que rige al centro (Estatuto Jurídico), ausencia de actividades ilícitas, ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servicios públicos del centro (condiciones de autogobierno/cogobierno) y respeto al debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias (principio de legalidad).