La PGR ejerció acción penal contra el sargento José N, a quien ubicó como responsable de la ejecución extrajudicial de un supuesto huachicolero la noche del tres de mayo en Palmarito Tochapan. Sin embargo, al no ofrecer un dictamen de balística y por falta de imputación por familiares de la víctima, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla lo dejó libre bajo las reservas de ley.

No obstante, uno de los abogados del caso, Alejandro Robledo aseguró a CAMBIO en entrevista telefónica que el policía militar sí está detenido por otro delito, aunque se reservó los detalles si está recluido en un penal civil o militar.

Trascendió que el agente es acusado por la Sedena por el delito de deserción equiparada, que se configura cuando un elemento de tropa (soldado, cabo o sargento) falta sin justificación alguna por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las Fuerzas Armadas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte.

Eso significa que mientras enfrenta el proceso de homicidio calificado que le imputa la Procuraduría General de la República por el caso de Palmarito Tochapan, el militar estará en una prisión militar.

Juez lo deja libre porque estaba en un ambiente de guerra

Fue el miércoles pasado cuando el sargento José rindió su primera declaración ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, con lo que inició formalmente el proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado.

Sin embargo, a la PGR ‘se le olvidó’ ofrecer un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del soldado con el homicidio del presunto ladrón de gasolina, de acuerdo con un reporte del periódico Reforma.

Debido a las fallas que tuvo la procuraduría en la presentación de las pruebas, el juez determinó no vincular a proceso al sargento José, aunque dicha dependencia aún tiene la oportunidad de perfeccionar su acusación y volver a imputarlo, debido a que no se sobreseyó el caso.

Según la fuente de Reforma que estuvo presente en la audiencia, dicho juez también destacó que en el caso Palmarito, “la secuencia de los hechos se desarrolló en medio de un enfrentamiento donde imperaba un escenario de matar o morir, un ambiente de guerra”.

En el video que difundió CAMBIO el 10 de mayo pasado, se observa cómo un policía militar da un tiro de gracia a quien después se supo que se llamaba Raúl Jiménez Martínez de 46 años de edad en el barrio de Las Cruces en Palmarito Tochapan, Quecholac, la noche del tres de mayo.

En los enfrentamientos que se dieron entre policías militares y supuestos ladrones de gasolina esa noche, hubo 10 muertos: cuatro elementos de la Sedena y seis civiles, entre ellos una mujer y un menor de edad.

En su fallo, el juez también consideró que los testigos de cargo, es decir, los otros militares, no hicieron señalamientos contra el sargento y tampoco algún familiar de la ‘víctima’, aunado a que el video presentado no tiene una fuente identificada y fue tomado de las redes sociales.

Sargento sí está preso, asegura abogado

Alejandro Robledo Carretero, abogado de Alejandro Martí y presidente de la organización México SOS, dijo a CAMBIO en entrevista telefónica que el sargento José es acusado por la PGR por el delito de homicidio calificado, pero ante la falta de pruebas contundentes, no fue vinculado a proceso por este delito, pero sí está preso por el delito militar de deserción equiparada.

El dos de junio, la PGR ejecutó una orden de aprehensión contra el militar quien fue capturado en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, donde estaba acuartelado.

“Efectivamente no fue vinculado a proceso por ese delito (homicidio calificado) que le imputa la PGR, lo que no quiere decir que el proceso esté concluido pero sí está preso por otro delito”, comentó Robledo.

El abogado se sumó al caso la semana pasada, luego que el empresario y activista Alejandro Martí anunciara que buscará defender de manera gratuita al militar al considerar que es injusto que sea ‘linchado’ mediáticamente cuando trabaja por cuidar de la sociedad.

Martí también fue entrevistado por CAMBIO; declaró que se prevé que el proceso dure hasta ocho meses, y aseguró confiar en que se demuestre la inocencia del sargento.