El número de mujeres que han solicitado protección especial a la Fiscalía General del Estado (FGE) por sufrir extrema violencia en este año suman 690, cifra que representa un 63 por ciento más en comparación con los 424 casos registrados en 2016.

Esto significa que a pesar de que se han aprobado más de 15 reformas a la Ley para endurecer las penas contra quienes agreden a las mujeres e implementado múltiples programas para prevenir el problema, la violencia de género sigue a la alza.

En respuesta a solicitudes de información realizadas por CAMBIO, la dependencia que encabeza Víctor Carrancá Bourget dio cuenta que desde 2013 –cuando se tipificó el feminicidio como un delito grave– al 5 de octubre de este año se ha brindado protección a mil 667 féminas víctimas de abuso sexual, acoso, amenazas, lesiones, violación y violencia familiar.

Las mujeres que recurrieron a dicho mecanismo provienen principalmente de los municipios de Puebla y de San Andrés Cholula de acuerdo con los documentos oficiales, aunque no se precisan números exactos.

Ante el panorama de violencia los activistas han retomado su llamado a que se active la Alerta de Género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha declarado a favor y el gobierno de Antonio Gali ha anunciado medidas e iniciativas de ley para enfrentar el problema.

Órdenes de protección aumentan 12 veces en 4 años

Desde 2013 que se activó este mecanismo para mujeres que consiste en que el gobierno reconoce el riesgo que corre quien lo solicita por enfrentar extrema violencia, a octubre de este año las intervenciones aumentaron en un mil 69 por ciento al pasar de 59 en 2013 a 690 en los primeros 10 meses.

En este 2017 el problema se ha agudizado pues más víctimas recurrieron a pedir protección a la par del aumento de los feminicidios.

En 2014 la FGE autorizó 126 órdenes de restricción, para 2015 fueron 168, mientras que el año pasado el número se triplicó a 424 y para este año van 690.

Únicamente entre enero y septiembre la Fiscalía General del Estado registró 65 feminicidios en la entidad, una cifra que no sólo supera los 59 casos reconocidos a lo largo de todo 2016, sino que es la más alta en los últimos cinco años.

Sin embargo, el número oficial se queda corto al conteo de Organizaciones no Gubernamentales y del que realizan medios locales, por ejemplo CAMBIO lleva contabilizado 80 casos en este año. El último se registró este fin de semana cuando una maestra de Zacapoaxtla fue violada y asesinada.

Mujeres de zona conurbada, las más maltratadas

Tomando en cuenta datos de la la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, del total de mujeres que viven en las zonas urbanas del estado, 4 de cada 10 sufrieron de algún tipo de violencia, mientras que en las zonas rurales tan sólo el 20 por ciento de ellas fueron agredidas.

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría fueron violentadas por alguna persona conocida, vecinos o amigos.

Hace un par de semanas la administración estatal presentó la estrategia ‘De una vez por Todas’, que incluye políticas públicas y propuestas de reforma en diversas áreas.

Una de dichas iniciativas plantea tipificar como delito conductas propias de hacer gestos obscenos, captar imágenes o videos de una mujer sin su consentimiento, realizar actos exhibicionistas o entablar contacto corporal de carácter sexual.

Otra buscó modificar la legislación local en materia de transporte, para que empresas que presten servicios como los de Cabify y Uber ahora asuman responsabilidad penal, civil o administrativa si sus operadores cometen delitos, además de que los usuarios compartan información a terceros en tiempo real en caso de sentirse inseguros para evitar otro hecho como el de Mara Castilla.

A principios del 2016, organizaciones civiles como ‘Todos Para Todos’ hicieron una petición formal en ese sentido, que en junio de ese año llevó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a emitir 11 recomendaciones al gobierno.

Las autoridades reconocieron el problema entonces y promovieron diversas acciones. Una de ellas fue reformar el Código Penal para elevar a 60 años de prisión el castigo contra un feminicida, y a 70 años en caso de que la víctima estuviera embarazada.