El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano reveló que al interior del Poder Judicial se abrió un proceso administrativo a Gabriel González Alegría, tras reconocer que las acciones del juez de lo civil dañaron la imagen de todos los impartidores de justicia en Puebla al liarse a golpes cuando estaba borracho y mentir en su declaración ministerial.
No obstante, Flores Toledano dejó en claro que no tiene la facultad de separarlo del cargo y menos sin las pruebas necesarias de haber cometido algún delito de acuerdo con su función.
En entrevista tras acompañar al gobernador Antonio Gali Fayad en la certificación de los Laboratorios Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE), Flores Toledano expresó que el Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria solicitó a la FGE toda la información sobre el actuar del juez en las investigaciones que se llevan a cabo desde el pasado tres de julio cuando en estado de ebriedad protagonizó una riña contra Christian Mayagoitia al declarar que nunca agredió al joven y que éste le mordió la oreja por lo que solicitaba la reconstrucción de la misma en un hospital de España.
“Derivado del video y de las noticias se tomó la determinación que el Consejo debe de llevar a cabo una investigación paralelo a lo penal sobre la responsabilidad administrativa a la que pudiera estar sujeto”, dijo el presidente del órgano judicial.
De esta forma dio marcha atrás a sus declaraciones en las que apoyaba al juez de cualquier acto de violencia ya que a raíz que se dio a conocer un video en el que se mostraba a Gabriel González Alegría como el primero en agredir físicamente a Christian Mayagoitia, el magistrado ha cambiado su declaración, además que se suspendió la audiencia de comparecencia pues la defensa del implicado solicitó más tiempo para analizar la nueva evidencia.
Asimismo señaló que sólo basta una sola conducta violenta, negando que conociera de otros altercados en el pasado del juez, aseguró que “daña la imagen del Tribunal, de todos los mexicanos y los servidores públicos”, sin embargo sin pruebas no tiene la potestad suficiente para deslindarlo del cargo por su conducta, asegurando que fue un asunto entre particulares.
Además precisó que por el momento González Alegría goza de una incapacidad por 15 días por los supuestos daños que sufrió su persona en el altercado, sin embargo cabe señalar que el caso ha sido desestimado pues ambas partes han llegado a un acuerdo reparatorio y las medidas cautelares impuestas contra el acusado fueron retiradas.