A poco más de dos semanas que el Juez Primero de lo Civil, Marco Antonio Gabriel González Alegría se incapacitara luego de liarse a golpes con Christian Mayagoita y mentir en su declaración ante el Ministerio Público, el impartidor de justicia solicitó ahora una licencia para separarse de sus labores ante el Poder Judicial, revelaron a CAMBIO fuentes del TSJ.
Tanto Mayagoitia como González Alegría se encuentran a dos semanas de concluir su plazo de 30 días para poder negociar un acuerdo reparatorio, luego que ambas defensas decidieran solucionar sus problemas fuera de los tribunales.
El pasado 30 de junio, González Alegría señaló a Christian de ser el responsable de agredirlo verbal y físicamente mientras se encontraba en el establecimiento ‘La Silla’, agregó que durante el ataque Mayagoitia le arrancó un pedazo de la oreja así como agredió al gerente y a un oficial de la policía municipal identificado como Roberto, quien detuvo al acusado, todo esto quedó asentado en la carpeta de investigación del caso.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Mayagoitia solicitó al juez incorporar como evidencia las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se evidenciaba que la primera persona en soltar un puñetazo fue el funcionario, así como fue revelado que la pelea se llevó acabo entre Julián, hermano de Christian y el juez.
Asimismo, se demostró que no existían evidencias que demostraran la supuesta agresión contra González Alegría en la que perdió parte de la oreja, por lo que ambas partes decidieron solicitar un acuerdo reparatorio y a Christian le fueron retiradas las medidas cautelares que se le habían impuesto; como la cantidad de 500 mil pesos.
Sin investigación por parte del TSJ
Aunque en un principio Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia declaró que González Alegría no sería investigado por la institución debido a que su actuar fue en calidad de civil; el ministro tuvo que recular su decisión y una semana después solicitó una investigación interna.
Sin embargo, de llegar a un acuerdo reparatorio, el caso sería desechado y la investigación por parte del poder judicial no procedería.