En la iniciativa para crear la Ley de Protección de Datos Personales del Estado presentada este martes por el gobernador Antonio Gali Fayad ante el Congreso local, destaca que las sanciones en contra de los sujetos obligados que hagan mal uso de información personal, sólo son consideradas como medidas de apremio’ que van de la amonestación pública a multas que rondan desde las 150 hasta las mil quinientas Unidades de Medida y Actualización (Umas), lo que equivale a una sanción económica desde los 11 mil 323 pesos hasta los 113 mil 235 pesos.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo ingresó al Poder Legislativo justo una semana antes que venza el plazo establecido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) como parte de la homologación con la Ley General de Protección de Datos Personales a nivel federal, en el que se otorgó un plazo de seis meses a partir del 26 de enero para que los 32 estados cumplieran con esta obligación.

El documento especifica que el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los tribunales administrativos, los ayuntamientos y sus dependencias, además de los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, y los órganos autónomos son los sujetos obligados a cumplir con este ordenamiento.

La Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Puebla, remarca que los sujetos obligados deberán definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales, además de realizar un análisis de riesgo de los datos personales; considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para dicha información y los recursos involucrados en su tratamiento.

Precisa que las multas económicas se impondrán a los sujetos obligados que “usen, sustraigan, divulguen, oculten, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión”.

Así como a aquellos que “actúen con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación y cancelación de datos personales y oposición)”.

Ajustan prerrogativas a partidos políticos

Además, después de dos meses tras una serie de impugnaciones y reveses al Instituto Electoral del Estado (IEE) sobre la asignación de las prerrogativas para los partidos políticos, el Congreso del Estado recibió el recurso del Ejecutivo del Estado para aprobar la repartición de las prerrogativas, cuyo monto original era de 95 millones 295 mil 707 pesos y el presupuesto final es de 203 millones 107 mil 534.

La iniciativa enviada por Antonio Gali Fayad plantea la modificación del numeral 4, apartado J, sobre prerrogativas de la Ley de Egresos 2017 del estado.

Con esto, se hará efectivo el acuerdo tomado el 15 de mayo por el Consejo General del IEE mediante el cual el PRI recibirá 45 millones 532 mil 847 pesos; el PAN 35 millones 369 mil 219 pesos, mientras que el PRD, 20 millones 362 mil 350 pesos.

Nueva Alianza y Compromiso por Puebla recibirán 18 millones 53 mil 601pesos y nueve millones 972 mil 980.38 pesos, respectivamente.

PSI recibirá 13 millones 257 mil 459, Verde Ecologista 15 millones 92 mil pesos, Encuentro Social tres millones 905 mil 913, Movimiento Cuidando 14 millones 32 mil pesos, mientras que el PT recibirá 19 millones 622 mil 287 a pesar de que ninguno de estos partidos políticos alcanzó el mínimo requerido del tres por ciento en la elección del 2016.

Por su parte, Morena fue el partido que resultó más afectado con esta redistribución ya que aunque inicialmente el IEE le asignó cerca de 23 millones de pesos, al final se determinó que se le entregaran tres millones 905 mil pesos.

Aprueban Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

Por otro lado, durante la sesión ordinaria de este martes los diputados locales aprobaron la iniciativa del Ejecutivo del Estado para crear la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en la que se plantea que los tres magistrados permanecerán de manera improrrogable 15 años en su cargo, por lo que concluirán su periodo hasta el 2032.

Tras la aprobación de esta ley orgánica, los legisladores quedan en espera de que el gobernador Antonio Gali Fayad envíe sus propuestas de los tres magistrados, quienes deberán ser ratificados en el Pleno del Poder Legislativo mediante votación económica.