La empresa Cabify dio a conocer que se defenderá por la vía legal para evitar que el Gobierno del Estado lo deje fuera de circulación, además de recriminar a la Fiscalía General del Estado (FGE) el hecho de que le haya expedido una carta de antecedentes no penales a Ricardo Alexis –su conductor acusado del feminicidio de Mara Castilla– sin investigarlo.

Tras enterarse que el gobierno de Antonio Gali Fayad le canceló el permiso para operar en la entidad bajo el argumento de que carece de un sistema de seguridad para sus clientes, la compañía de origen español emitió un comunicado de prensa para manifestar su inconformidad, pues también alegó que a diferencia de su competencia como UBER, ha trabajado en el marco legal como no cobrar en efectivo.

“La responsabilidad de mantener un registro de antecedentes no penales de los ciudadanos es de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes son los encargados de emitir las constancias de no antecedentes”, fue parte de sus argumentos para deslindarse del feminicidio de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Alega que nadie le notificó que Ricardo fue dado de baja de UBER

En el boletín, Cabify alegó que no tuvo conocimiento en que el imputado había sido despedido de UBER en mayo pasado, porque la información nunca les fue compartida ni por parte de la firma ni por las autoridades.

“Al respecto de las declaraciones de uno de nuestros competidores, en cuanto a que el conductor fue desactivado de manera permanente de su plataforma en Puebla desde mayo de 2017 por incurrir en comportamientos que iban en contra de sus protocolos de seguridad, nunca tuvimos constancia de esta situación. Estamos convencidos que, de haberse compartido, por lo menos con las autoridades, esta situación podía haberse evitado”, justificó.

El supuesto feminicida llevaba un mes laborando en esta plataforma, y según el personal de UBER y del propio fiscal, había sido despedido en la empresa por “comportamientos inadecuados”.

“La revocación de la licencia puede derivar en la pérdida de fuentes de ingresos para cientos de familias poblanas”, se lee en el documento aunque no se especifica el número.

En una reunión de gabinete de este lunes, se concluyó que la compañía incumplió con el artículo 45 Ter de la Ley de Transportes en el que se establece que se deben aplicar exámenes toxicológicos, psicométricos y psicológicos a sus conductores como como una forma de garantizar seguridad a los usuarios.