La ejecución extrajudicial que presuntamente cometió el sargento José contra un supuesto huachicolero la noche del tres de mayo en Palmarito Tochapan en el municipio de Quecholac –como fue exhibida en un video difundido por CAMBIO el día 10 de ese mes– forma parte de los casos que siguen impunes, según la organización Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA) –por sus siglas en inglés.

El informe de la ONG norteamericana denominado ‘La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México’, suma el caso ocurrido en Puebla a los 489 procesos judiciales contra militares en tribunales civiles que se abrieron en el periodo de 2012 a 2016 en el país.

En dicho documento se critica la postura imparcial que el 7 de junio tomó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, cuando dejó en libertad al policía militar al considerar que sólo se defendió porque estaba en una situación de “guerra”, aunado a que la Procuraduría General de la República (PGR) no había ofrecido un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del sargento con el homicidio.

CAMBIO publicó en su edición del 14 de julio que un disparo por arma de fuego a una distancia entre uno a 60 centímetros fue la causa única de muerte de Raúl Jiménez Martínez, poblador de Palmarito Tochapan, según se establece en el resolutivo del Toca Penal 87/2017-III que vinculó a proceso al sargento por homicidio agravado en julio pasado. Eso ocurrió luego de que la PGR ganara una apelación para revertir la resolución inicial de dicho juzgador.

Jueces dificultan investigaciones de la PGR

En el citado reporte se exhibió que a veces las decisiones de los jueces dificultan o atrasan las investigaciones de la PGR, como ocurrió en el caso de la ejecución en Palmarito Tochapan, un ejemplo de ello fueron las declaraciones de los soldados en contra del sargento José N, pues dijeron haber sido presionados por la Procuraduría para incriminar a su compañero.

No obstante, la organización que promueve los derechos humanos en las Américas también señala la importancia de investigar las muertes de los cuatro soldados fallecidos en ese enfrentamiento.

El estudio indica que de 505 investigaciones abiertas contra militares en México en el periodo de 2012 a 2016 sólo 16 se han resuelto, esto representa el 3.2 por ciento del total de procedimientos.

El caso en Palmarito está pendiente, pues el video difundido dejó en evidencia que el día de los hechos el soldado ejecutó al civil Raúl Jiménez Martínez, producto de un enfrentamiento con presuntos huachicoleros.

La organización norteamericana indica que por las reformas al sistema de justicia en México, los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles que hayan ocurrido a partir del 18 de junio del año pasado se investigan bajo el sistema de justicia penal acusatorio.

CAMBIO fue el primer medio de comunicación en difundir el video captado desde una cámara de seguridad que registró minuto a minuto la agresión de los militares. El hecho resultó en 14 civiles detenidos por su presunta relación con el robo de combustible en esa zona.