El especialista en derecho constitucional, Roberto Mendoza Zárate consideró que si el plan integral para cobrar el servicio de agua que la empresa Agua de Puebla para Todos presentó ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) procede, corresponderá a la dependencia y no a los estudiantes cubrir las cuotas.
En entrevista para CAMBIO, el también académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) señaló que si el proyecto de la compañía se aprueba debe ser el gobierno a través de dicha dependencia el que cubra el consumo, ya que por ley, la educación en instituciones públicas es gratuita y eso incluye los servicios de luz, agua e infraestructura, entre otros.
Para el abogado, el hecho de que Agua de Puebla pretenda cobrar 100 pesos anuales por estudiante no tiene fundamento legal pues atenta contra el artículo 3 de la Constitución Mexicana.
“La educación gratuita refiere prestar el servicio con todos los aspectos auxiliares, es decir la educación no implica el hecho de empezar a pagar por instalaciones, por agua, luz, el pupitre, porque la educación pública no puede tasarse”, opinó.
En su edición del martes, CAMBIO dio a conocer que el director de la empresa, Héctor Durán aseguró que ya se presentó un plan ante la SEP para que las escuelas públicas del municipio de Puebla ya empiecen a pagar, y la idea es que sean 100 pesos por estudiante.
Sin embargo, este jueves, el empresario se retractó al indicar en una entrevista que la idea es cobrar el servicio a los administrativos no a los padres de familia, pues existe un adeudo de 280 millones de pesos en 774 escuelas públicas.
Comités de padres o estudiantes pueden ampararse
Al preguntarle si habría un medio legal para combatir el proyecto, el especialista en derecho aseguró que los comités de padres de familia, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil pueden promover amparos contra las leyes que permitan privatizar el suministro del líquido.
Incluso los órganos políticos como legisladores, senadores, la PGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) pueden presentar controversias constitucionales.
“Hay mucha materia, muchos medios para poder atacar una propuesta (…) la forma en que la propuesta pudiera prosperar es que las instituciones con su presupuesto de operación paguen el servicio”, señaló.
Roberto Mendoza aseguró que corresponde a los gobiernos, y en este caso la SEP, verificar que en las escuelas haya condiciones para el pleno desarrollo de los alumnos y no gravar su educación.
“El gobierno paga porque igualmente recibe servicios, pensemos en una dependencia de gobierno, una oficina pública, hay luz, agua, drenaje y aun cuando pertenecen al patrimonio del estado gozan de los servicios y por ende tienen que pagarlo como usuarios”, agregó.