El Congreso aprobó tres iniciativas de Ley que mandó el gobernador Antonio Gali Fayad en su último día de sesión en el año. La primera se trata de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que permite a ministeriales usar arma de fuego en “legítima defensa”. La segunda permite a los municipios endeudarse en un plazo no mayor a un año sin recurrir a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), mientras que la tercera es la creación del Instituto Metropolitano de Planeación.
Al término del tercer periodo de sesiones por mayoría se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) –que presentó en septiembre pasado el gobernador Antonio Gali Fayad– la que también contempla sanciones por actos de corrupción como 10 años de cárcel contra funcionarios que no denuncien.
Las otras dos fueron avaladas en fast-track pues no hay registro de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales haya sesionado el pasado miércoles o jueves para discutirlas.
Sin escolta a fiscales
En la reforma a la Ley Orgánica de la FGE quedó descartado brindar un servicio de escoltas por cuatro años –después de su cargo- al fiscal Víctor Carrancá Bourget como se propuso en un inicio, pero permite a los ministeriales usar arma de fuego cuando esté en peligro su vida.
“El uso de armas en legítima defensa durante las detenciones, cuando exista peligro inminente para los elementos de seguridad, lesiones graves para los ministeriales cuando la persona a detener represente peligro o ponga resistencia, entre otros aspectos”, señala el artículo 46 de la nueva ley.
Asimismo, la reforma contempló cambios en el Código Penal al establecer sanciones por actos de corrupción a funcionarios o servidores públicos. Entre ellas sobresale prisión por seis meses a seis años para aquellos que reciban un salario público sin desempeñar el cargo e inclusive la justicia podrá determinar 10 años de cárcel a los servidores que no denuncien actos de corrupción.
La reforma a la Ley de Deuda Pública
Asimismo, con 35 votos a favor, tres en contra y una abstención, los diputados aprobaron la reforma a la Ley de Deuda Pública. De este modo los municipios podrán adquirir créditos sin necesidad de que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) emita un dictamen sobre capacidad financiera, el fin es agilizar para que los ayuntamientos puedan ejecutar proyectos sin endeudarse.
La deuda debe de liquidarse en un plazo no mayor a un año, además de que no comprometa el 6 por ciento de los ingresos propios de la institución.
Creación del Instituto Metropolitano de Planeación
En dicha sesión, los diputados locales también aprobaron la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado Instituto Metropolitano de Planeación, cuyo objetivo es elaborar, diseñar e impulsar tanto políticas públicas como proyectos de orden regional y metropolitano en los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Gregorio Atzompa, Santa Clara Ocoyucan, Amozoc de Mota, Cuautlancingo, Coronango y Puebla.