Aunque el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza reconoció que compró cinco permisos de taxis para operar en la capital poblana en 2011, ante la entonces Secretaría de Transportes, simuló tal operación de compra-venta como una cesión de derechos y así lo registró a fin de que la dependencia avalara el cambio de propietario a favor del líder del tricolor, por lo que incurrió en un ilícito civil, explicó un especialista en derecho administrativo consultado por CAMBIO.

Esta triquiñuela a la que recurrió el ex secretario de Energía del gobierno federal permitió que la dirección de Administración de Concesiones y Permisos de la entonces Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) avalara la transacción, dado que la ley prohíbe expresamente en su artículo 92 Bis de la Ley del Transporte la enajenación o venta de los permisos.

“Esta autoridad administrativa atendió la solicitud presentada por el (la) C. Alberto Gómez Ramírez representado por la C. Paola Jasmin Morales López (…) realizó consulta al sistema computarizado de esta Secretaría del que resultó que el permiso numero veintisiete mil ciento noventa y seis (27196) se encuentra a su nombre, por lo que se determina autorizar el trámite de cesión de derechos a favor del (la) C. Enrique Ochoa Reza”, refleja uno de los documentos en poder de CAMBIO.

El Artículo 92 Bis refiere que no está permitida la enajenación de la concesión, pero tratándose de transmisión gratuita o por sucesión, se requiere autorización de la dependencia.

“Los derechos y obligaciones derivados de una concesión para la prestación del Servicio Público de Transporte o del Servicio de Transporte Mercantil, no podrán enajenarse. Para cualquier tipo de transmisión a título gratuito u oneroso que se realice por acto entre vivos o por causa de muerte, se requerirá la autorización previa de la autoridad competente; su incumplimiento originará la nulidad. La persona que haya cedido los derechos de la concesión de la cual fue titular, no podrá adquirir nuevas concesiones o permisos”, cita el documento.

Los cinco oficios emitidos por la SIT tienen la misma leyenda, la única variación se presenta en el nombre del dueño anterior, así como en el número de permiso para los taxis.

La compra de los permisos para las unidades asciende a 1.2 millones de pesos, lo que representa que Enrique Ochoa destinó 250 mil pesos para cada una de las unidades adquiridas en Puebla capital.

PRI descarta tráfico de influencias para compra de taxis

Mediante una tarjeta informativa el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI descartó que su dirigente haya sido beneficiado por la administración de Rafael Moreno Valle. Sin embargo, reconocen un pago adicional a los anteriores dueños de los vehículos y no a través del Gobierno del Estado que encabezaba en su momento el panista.

En el comunicado señalan que fueron cumplidos los pagos correspondientes a los dueños, los cuales incluyeron la liquidación de sus respectivos impuestos. No obstante, en los documentos que presentó esta casa editorial el día de ayer refieren que el proceso al que recurrió Enrique Ochoa con los dueños y representante legal fue un convenio de cesión de derechos.

“La adquisición y puesta en operación de taxis en diversos lugares del país, se ha realizado a lo largo de 18 años. En todos los casos, los taxis fueron comprados a particulares, y nunca a través de concesiones otorgadas por el gobierno estatal al Doctor Ochoa. Ello dentro del marco de la Ley, cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes (…) No hay prueba ni la habrá, de ningún trato preferencial para el negocio de taxis de Ochoa Reza”, señala el comunicado.

Cabe destacar que todos los permisos con los que cuentan los automóviles para funcionar como taxis, propiedad del líder priista, Ochoa Reza, fueron reportados en su declaración patrimonial desde el año 2012, además de su declaración 3de3 y 3de3 plus del 2016.