Con tal de dejar fuera a Eduardo Rivera, a los diputados morenovallistas no les importó cometer ‘canibalismo político’ y avalar su sanción de 12 años de inhabilitación y 25.5 millones de multa a fin de sacarlo de la contienda electoral del 2018, por irregularidades en su cuenta pública 2013 por 288 millones de deficiencias administrativas y 12.7 millones de daño patrimonial.
Además, para evitar que Rivera Pérez y sus allegados ingresaran a la sede del Congreso local, el líder del Poder Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui envió a un grupo de 10 ‘malandrines’ a protestar contra la gestión del panista al frente del Ayuntamiento, lo que ocasionó que los representantes de los medios de comunicación y algunos diputados tuvieran que ingresar por la azotea de los edificios aledaños.
Diputados priistas como Silvia Tanús, Maritza Marín, Leobardo Soto, Sergio Céspedes, Pablo Fernández y los perredistas Socorro Quezada y José Luis Guzmán tuvieron que subir a la azotea del edificio del PRI del municipal y atravesar un par de escaleras móviles para poder ingresar a la sede del Congreso del Estado.
Al filo de las 12:50 del viernes el Cabildo sesionó con tan sólo 27 diputados y poco a poco arribaron cinco más. El procedimiento contra Eduardo Rivera se resolvió luego que el 15 de diciembre del 2016 en el Congreso local se diera inicio al procedimiento administrativo por irregularidades superiores a los 411 millones de pesos.
Votar a favor les traerá consecuencias
Mientras que al interior del Poder Legislativo comenzaba la lectura del punto 3 de la Sesión Extraordinaria donde se incluía la inhabilitación y la sanción contra Rivera Pérez, en redes sociales yunquistas y bots utilizaban el hashtag #EstamosContigoLalo para expresar su inconformidad por la resolución que minutos más tarde darían los diputados.
Montiel da la cara por Lalo
El primero en tomar la tribuna fue el panista Pablo Montiel Solana, quien participó en el trienio de Eduardo Rivera; en su argumentación para defender a su ex jefe, aseguró que en el dictamen que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión Inspectora, existían irregularidades, además que los recursos de las participaciones federales entregadas al ayuntamiento capitalino para el ejercicio fiscal de 2013 no pueden ser fiscalizados por un ente estatal.
Ante esto, Montiel Solana aseveró que aquellos diputados que aprobaran dicho dictamen, serán sujetos –en un fututo- a responsabilidades y consecuencias.
JACH en el Congreso
Durante la discusión, el líder del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui se placeaba por el pleno del Poder Legislativo, se acercaba con los diputados del PRI, con los de la Mesa Directiva y atendía su teléfono celular sin prestar atención a lo que los legisladores opinaban en tribuna.
Socorro Quezada critica sanción
Socorro Quezada Tiempo del PRD, en tribuna cuestionó la ‘rapidez’ con la que la cuenta pública 2013 de Eduardo Rivera fue dictaminada ya que enlistó diversos procedimientos administrativos que se han iniciado contra otros ex alcaldes y que continúan sin resolverse en la Comisión Inspectora. Además que la cuenta pública por los últimos días de mandato del panista en 2014 ya fue aprobada.
Por su parte el diputado sin partido, Julián Peña aseguró que el proceso que se le sigue al ex edil panista estaba amañado, razón por la cual emitiría su voto en contra, al igual que Montiel Solana y Quezada Tiempo
Regordosa defiende el dictamen
El único de los legisladores morenovallistas que utilizó la tribuna para defender el dictamen que estaban a punto de aprobar fue Pablo Rodríguez Regordosa, quien contendió para la presidencia municipal de Puebla en 2014, con el respaldo de Eduardo Rivera como dirigente estatal del PAN.
Rodríguez Regordosa aseguró que el procedimiento administrativo contra Eduardo Rivera no tiene un fin político y reviró a Montiel Solana al indicar que los recursos federales sí pueden ser fiscalizados por la autoridad estatal.
“Nosotros lo que haremos será aprobar o rechazar un dictamen presentado. Así es que ni somos jueces, ni somos parte del problema y tampoco somos carentes de facultades para votar el ejercicio de recursos públicos, la fiscalización de los recursos públicos es un tema de la más alta prioridad”, indicó Rodríguez Regordosa.
Morenovallistas aprueban dictamen
Luego de la discusión, 32 diputados avalaron inhabilitar a Eduardo Rivera Pérez por haber incurrido en un daño patrimonial por 12 millones 798 mil 508 pesos y deficiencias administrativas por un total de 288 millones 336 mil 736.
Pablo Montiel, Socorro Quezada y Julián Peña Hidalgo emitieron su voto en contra, mientras que Geraldine González y Carolina Beauregard se abstuvieron de inhabilitar por 12 años y sancionar económicamente a Eduardo Rivera Pérez con 25 millones de pesos por el mal manejo de los recursos ejercidos en 2013.