Empresarios de la Red Mexicana de Franquicias (RMF) salieron a la defensa de los gasolineros al acusar que hay una persecución en su contra ante los operativos que se están realizando en municipios del Triángulo Rojo como parte de las acciones de combate que hay entre el gobierno federal y estatal contra los ladrones de gasolina.

El consejero del gremio, José Ignacio Rivero Muñoz incluso responsabilizó a la Profeco por no haberse impuesto antes en las verificaciones, mencionando que como autoridad, se debe actuar en tiempo y no dejar crecer el delito, esto en caso de resultar verdad que en algunas gasolineras se comercializa hidrocarburo ordeñado de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Luego de que entre el martes y miércoles, agentes de la Seido, SAT, Inteligencia Financiera, militares y policías estatales realizaran revisiones en estaciones de gasolineras, cuyo resultado en el primer día fue de seis inhabilitaciones, entre ellas, tres que están a nombre del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, y una de su medio hermano Julio Eduardo Morales genes.

En el caso del alcalde, Rivero Muñoz únicamente se limitó a comentar que “es un tema que está políticamente viciado independientemente de culpabilidades o no”. 

Consideró que los megaoperativos deben ser aplicados contra los principales responsables de las tomas clandestinas que son los ‘huachicoleros’, ya que a su parecer, se dio una movilización excesiva contra los dueños de gasolineras.

Sin embargo, recomendó a los dueños no comprar hidrocarburo robado “porque esto podría traerles consecuencias graves no sólo con las autoridades también con los consumidores”.