El juez Tercero de Distrito fijó el 24 de mayo como nueva fecha para realizar la audiencia correspondiente al juicio de amparo promovido por Eduardo Rivera Pérez contra la inhabilitación que le impuso el Congreso del Estado, además, la autoridad federal advirtió al Poder Legislativo que en caso de no presentar los documentos relacionados al proceso le impondrá una sanción económica.
El pasado 15 de marzo Rivera Pérez promovió un amparo ante la justicia federal en el que acusaba a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Legislativo local de presentar un atraso en los tiempo para resolver el caso, por lo que se programó una audiencia para el 25 de abril en la que estas instancias deberían presentar un informe con los pormenores del procedimiento administrativo de responsabilidades que se inició en contra del ex alcalde.
Aunque el informe fue remitido un día antes, el juzgado federal resolvió que tanto el Congreso y la ASE sí incurrieron en un retraso en la entrega de dicho reporte sobre la revisión a la cuenta pública 2013 del ex alcalde panista.
Ante esto se exigió a las autoridades involucradas –Congreso del Estado, ASE y la Comisión Inspectora- que en un plazo de tres días a partir de la notificación entregar copias certificadas de las constancias que integran el proceso de revisión, de lo contrario se harán acreedores a una sanción económica equivalente a 50 unidades de medidas de actualización (UMA), lo que corresponde a una cantidad de 3 mil 774 pesos.
“Fuimos notificados y cumpliremos”
Ante esto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación política, Jorge Aguilar Chedraui dijo que ya han sido notificados por el Juzgado Tercero de Distrito sobre la solicitud de los documentos en los que se darán los pormenores del proceso de revisión a la cuenta pública de Rivera Pérez, en la que se detectó un daño patrimonial de 12.5 millones de pesos y por lo que fue inhabilitado por 12 años.
“Notificaron recientemente. Básicamente con la entrega del informe circunstanciado que se entregó de lunes para martes, había cuatro instancias obligadas, una de ellos lo entregó, ese es el planeamiento y la estrategia legal a desarrollarse. Estaremos entregando lo requerido en las fechas planteadas”, explicó Aguilar Chedraui.
Insistió en que el ex alcalde panista prefirió recurrir a los tribunales antes que solventar y que si se trasladó su caso ante estas instancias no para solventar las irregularidades, sino que fue para argumentar que él no es sujeto a la fiscalización de los recursos por parte de las autoridades estatales sino que el proceso le correspondería a una autoridad federal.
“Aplican criterios políticos a los procesos legales”
Tras la determinación de las instancias federales, mediante un comunicado Eduardo Rivera reiteró su cantaleta de que las instituciones encargadas del proceso de revisión a su estado financiero 2013 están “apartadas de la ley”, además que éstas “aplican criterios políticos a los procesos legales”.
“Con estos hechos se refuerza que, tanto el Congreso del Estado como la ASE, continúan apartados de la legalidad y del debido proceso. Siguen aplicando un criterio político a los procesos legales de la cuenta pública 2013 al afectar los tiempos, violando el derecho a tener una justicia pronta y expedita”, dicta el documento.