Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que él no utilizará el avión presidencial y que se venderá. Pero esa venta significará pérdidas pare el erario público de acuerdo con un avalúo independiente solicitado por la Presidencia de la República unos meses antes de que llegara a México el nuevo avión. La propuesta de López Obrador de venderlo ya está también suscrita en papel.

En el punto número 23 de las acciones contra la corrupción y para la austeridad del próximo gobierno se lee que: “Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para enfermos”.

De acuerdo con un estudio que mandó a hacer la Presidencia de la República en 2015, si el avión no se hubiera utilizado, para enero de 2019 podría venderse como avión privado en 142.4 millones de dólares, 76 millones de dólares más barato que lo que costó, o como avión comercial en 81.6 millones de dólares, 137 millones de dólares menos de lo que se pagó por él. En febrero del 2016 llegó a México el nuevo avión presidencial. Un Boeing 787 que remplazaría al Boeing 757 que llevaba casi 30 años dándole servicio al presidente en turno. El nuevo avión presidencial José María Morelos y Pavón fue adquirido por la administración de Felipe Calderón.

De acuerdo con la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto, el costo total del avión, incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones, fue de 218.7 millones de dólares, a un tipo de cambio de 13.50 pesos por dólar.

Dando un total de 2, 952.4 millones de pesos. Banobras lo pagó en ese precio a Boeing y firmó un contrato de arrendamiento financiero con el Gobierno Federal a 15 años, con intereses, para que una vez concluido el plazo sea de la Secretaría de la Defensa Nacional. El avión se compró pensando que su vida útil estimada sería de 25 años, para dar servicio al menos a cinco titulares del Ejecutivo.

Antes de que el nuevo avión llegara a México, y ante las críticas, incluidas las del entonces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Peña Nieto pidió que se evaluara la posibilidad de venderlo o darle otro uso. En septiembre de 2015 ordenó que la Secretaría de Hacienda realizara un estudio para determinar, con base en elementos técnicos, financieros y de Seguridad Nacional, la conveniencia de vender o mantener el Boeing 787.

Para ello, Banobras contrató a Ascend Flightglobal Consultancy, una empresa internacional especializada en valuación y asesoramiento para la compra y venta de aeronaves.

Se determinó conservar el avión porque venderlo generaría una pérdida para el erario público y prevalecería la necesidad de renovar el avión presidencial por uno aún más caro y a un tipo de cambio mayor.

La consultora determinó que vender este tipo de aviones tarda 12 meses como mínimo, que el interior del avión influye en el tiempo que tomaría venderlo y en el precio de venta y que con una configuración altamente personalizada, probablemente se requeriría hacer un descuento por el costo que tendría su readaptación o reemplazo total de los interiores. De acuerdo con la Presidencia el avión puede transportar hasta 80 pasajeros, cuenta con equipos en telecomunicaciones satelitales e Internet, para que el Presidente reciba y transmita información permanentemente.

En opinión de Ascend, el valor de adquisición en 2012 que fue de $218.7 millones de dólares podría quedar en 142.4 millones de dólares para uso privado.

Pero si el comprador fuera una aerolínea comercial el avión se tendría que vender a la mitad de ese avalúo, 816 millones de pesos, debido a que se debe reconfigurar su interior y las aerolíneas compran sus aviones a precios de flotilla por lo que comprar este no les convendría.

Adicionalmente, el estudio señala que este avión específico es de los primeros en la línea de producción de los 787 de Boeing, y fue una aeronave para vuelos de prueba.

Según el reporte esto se traduce en que tiene un mercado más limitado. Por ello en 2015 Ascend concluyó que por sus características, el avión presidencial es más comercializable en el mercado secundario, para uso privado y debe permanecer en su configuración actual, en lugar de convertirla a un interior comercial de pasajeros.

Para la venta del avión también deben tenerse en cuenta que los costos de transición y comisiones de entre medio y millón y medio de dólares. De acuerdo con el estudio entregado a Banobras en 2015 la información contenida solo sería vigente en ese momento, pues los avalúos muestran los estimados del precio de venta para un avión con una vida completa y en este caso el avión presidencial ya tiene dos años y 5 meses en uso.

MILENIO contacto a Daniel Hall, el consultor que realizó el estudio, para tener un comentario actualizado, sin que hasta el momento haya respondido a la solicitud.

Fuente: Milenio