La resolución de los magistrados federales tiene dos lecturas; la primera es eminentemente jurídica y la segunda es política.

 

El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito otorgó la protección federal a cuatro amparos interpuestos por personas procesadas en el caso Ayotzinapa.  

 

Desde el punto de vista jurídico siempre se sostuvo el desaseo, la escasa pericia, las anomalías e irregularidades.

 

Desde la investigación realizada por el llamado ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’ (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señaló que la investigación de la PGR sobre la noche de Iguala y los 43 jóvenes normalistas desaparecidos estaba plagada de anomalías jurídicas.

 

Pese a ello y por encima de una enorme presión nacional e internacional se sostuvo la versión de la ‘verdad histórica’.  Posteriormente el presidente Peña Nieto incluso se atrevió a conminar a los mexicanos a ‘superar’ los hechos.

 

El tema había quedado en un impasse hasta que un tribunal federal tuvo que resolver en beneficio de algunos de los inculpados fallando en cuatro amparos a su favor.

 

Pero el dictamen va más allá de lo meramente legal. Se solicita reponer todo el procedimiento jurídico e instalar una ‘comisión de la verdad’.

 

Desde el punto de vista jurídico la instancia federal actúa con estricto apego a la ley.

 

Pero aquí conviene detenerse un momento y preguntarse: ¿Realmente tenemos en México una auténtica separación de poderes? ¿En verdad el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito actuó de manera independiente? ¿Los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez no informaron a sus superiores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

 

Esto es muy poco probable por la dimensión de las secuelas políticas que se desprenden de esta resolución.

 

De entrada los términos utilizados por los magistrados despedazan todo el aparato de justicia del régimen peñista; la función de la Procuraduría General de la República (PGR), sus titulares y fiscales; en si toda su ‘verdad histórica’.

 

Es un golpe demoledor a la versión que Peña Nieto dio a la mayor crisis política de su gobierno.

 

Pero no sólo eso; la resolución de los magistrados abre la posibilidad de que ‘se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes’. Es decir, abre la puerta de par en par al regreso del GIEI, ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’. Y nuevamente pueden ser convocados peritos argentinos.

 

En realidad abrieron la ‘Caja de Pandora’ del peñismo.

 

La trascendencia de la resolución jurídica tendrá un efecto devastador en el actual régimen y en la memoria que heredara. Vienen meses o incluso años en los que se sacudirá y sepultará toda la versión oficial.

 

Por lo mismo volvemos a preguntar: ¿Los magistrados actuaron al margen de sus jefes los ministros de la SCJN? Eso es imposible.

 

El calado de la resolución sólo puede comprenderse con la autorización expresa de la cúpula de la corte. De los 11 ministros que conforman la cúspide de la justicia mexicana, por lo menos la mitad sabía sobre esa resolución y las devastadoras consecuencias políticas que conlleva.

 

Lo que ocurrió en ese Tribunal Federal Colegiado bien puede considerarse como un ‘Golpe de Estado Jurídico’ al régimen de Peña Nieto.

 

El hecho se da en el punto más acalorado de la campaña electoral, e insistimos, ningún candidato secundó el suceso. Pero sin duda la inminente derrota del candidato priista alimentó la osadía de los ministros.

 

Esta historia apenas está por escribirse.

 

Como siempre quedo a sus órdenes en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., sin mx.