Luis Banck agarró el toro por los cuernos de la delincuencia en su segundo Informe de Gobierno. No eludió que la brutal inseguridad que enfrentamos los poblanos es la principal preocupación, y por ende, principal tarea de su gobierno. Muchas cosas están interconectadas como la pobreza, la desigualdad, el hambre, pero nada impacta más a los poblanos que la violencia: si no es robo en el transporte público, es el robo a transeúnte, o de vehículo, o de autopartes, o feminicidios, o el incremento histórico de homicidios dolosos, o la extorsión, o el simple y llano robo a casa-habitación.

 

A los poblanos nos han robado la tranquilidad. La violencia está desatada, reconoció Banck, y el incremento de la incidencia delictiva no alcanza a reflejarse en las estadísticas de la Fiscalía y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto defendió su papel a partir de la sustitución de Alejandro Santizo por Manuel Alonso: no sólo hay más detenidos, sino que incrementó el número de consignaciones ante el poder judicial pese a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal opera como “puerta giratoria”.

 

El alcalde fue claro en repartir responsabilidades. El clima de violencia en parte tiene su responsabilidad en los policías, pero también en las zonas más opacas a la rendición de cuentas de cómo hacen su trabajo ministerios públicos y jueces. Tiene razón Banck: a ellos escasamente se les llama a cuentas.

 

Luis Banck detalló sus logros en materia de seguridad. Sumó 200 policías a la fuerza de la ciudad; puso en servicio 160 patrullas nuevas; duplicó el número de cámaras de vigilancia; triplicó la cantidad de cámaras lectoras de placas para detectar el robo de vehículos; construyó 10 subcomandancias regionales; entregó 700 alarmas vecinales; adquirió drones especializados; incrementó 5 por ciento el salario de los policías. Como resultado de ese esfuerzo, en siete meses la policía municipal duplicó el número de detenidos pasando de mil 420 a 3 mil 67. Desarticuló a ocho peligrosas bandas dedicadas al robo del transporte público.

 

¿Pero qué tiene Banck del otro lado?

 

Una Fiscalía General del Estado en ruinas, la segunda peor del país.

 

En Puebla sólo hay 1.02 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es 3.55. Es decir, en todo el estado solamente hay 59 agencias del Ministerio Público, mientras que la media nacional es de 125. En Guanajuato por ejemplo, hay 109.

 

Si los lugares para presentar una denuncia son pocos, peor nos va con los agentes del Ministerio Público: apenas hay 512 para cubrir todo el estado. La media nacional es el doble, mil 247 agentes. En Guanajuato, otra vez por ejemplo, hay mil 861, más del triple. En Puebla sólo hay 2.49 agentes por cada 100 mil habitantes, la segunda peor cifra del país.

 

El presupuesto per cápita asignado para procuración de justicia en Puebla es de apenas 128 pesos, el tercero peor del país. En Chihuahua, es de más de mil pesos.

 

Ahí está la trampa del morenovallismo que arruinó la seguridad pública y detonó la ola de violencia: en lugar de invertir en crear más agencias del Ministerio Público, contratar más policías, agentes y peritos, destinar más dinero en la persecución de los delitos, decidieron gastarse todo en ladrillos. Obras y más obras sólo dejaron delitos y más delitos.

 

Ese es el circulo vicioso de Moreno Valle. Cada puente, cada parque, cada ciclopista, fue dinero que se desvió de aplicar a la principal preocupación de los poblanos: la delincuencia. En vez de policías y patrullas, nos dieron ladrillos y más ladrillos, quién sabe si todos necesarios pues si le creemos a Luis Miguel Barbosa, con esas obras se financió el cochinito presidencial.

 

En el caso del Poder Judicial pasa más o menos lo mismo. En su último Informe como presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano le reclamó a Gali y al Congreso la asignación de menos del 0.60 por ciento del total del Presupuesto de Egresos del estado al gasto de sus actividades, 508 millones respecto de los 85 mil que el gobierno gastará en 2018.

 

El magistrado que luego fue defenestrado reveló ese día que la media nacional era del 1.64 por ciento, es decir, Puebla estaba muy lejos de esa media. Si se alcanzara, el Poder Judicial en Puebla tendría más de mil millones. Quizá ese reclamo en público le costó su caída y el silencio a Carrancá le ha ganado su permanencia al frente de la Fiscalía.

 

Pero ya Banck puso el dedo en la llaga. Es de lo que deberían estar hablando Martha Erika, Doger y Barbosa, no si la esposa de tal, la mafia de tal, o los gastos de precampaña de tal.