Dos empleados del ex presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Pablo Pérez Maceda, fueron golpeados y estuvieron a punto de ser linchados por los habitantes que encontraron una casa de seguridad en la que tenían dos personas secuestradas. La turba descubrió que las víctimas fueron ‘levantadas’ en la camioneta del ex edil, misma que utilizan para la campaña del candidato a la alcaldía por Pacto Social de Integración (PSI), Bernardo Pérez Maceda.

Vecinos informaron que la noche del martes, cinco delincuentes, entre ellos una mujer, secuestraron a dos campesinos de Tlacotepec. Fue utilizada para el plagio una camioneta propiedad del ex alcalde destituido, Pablo Pérez Maceda, la cual es también usada para la campaña de su hermano Bernardo Pérez, candidato a presidente municipal por el PSI.

Según versiones extraoficiales, las víctimas fueron llevadas a una casa de seguridad en la localidad de Guadalupe Victoria. Pero a las 4:00 de la mañana uno de los secuestrados logró escapar y pidió ayuda a los pobladores.

Una turba enardecida se reunió y detuvo a dos delincuentes, mientras que otros tres lograron escapar. La gente pretendía hacer justicia por propia mano, los tuvieron varias horas retenidos, pero llegaron diferentes corporaciones policiacas para intentar dialogar con la multitud.

Los secuestradores exigieron como rescate la cantidad de 600 mil pesos. La mujer dijo llamarse Teresita N,  24 años de edad y su cómplice Tomás Merino, de 26 años de edad, ambos originarios de Tlacotepec de Benito Juárez.

Los delincuentes fueron golpeados por los pobladores, quienes les arrojaron una sustancia inflamable, provocándoles quemaduras de segundo y tercer grado.

Confesaron que la camioneta Ford Lobo de color rojo, que utilizaron para el secuestro, es propiedad del ex presidente municipal.

La gente, cansada de la inseguridad, volcó la camioneta de los secuestradores que portaba publicidad de Bernardo Pérez Maceda, aspirante a presidente municipal.

Para liberar a los delincuentes, los vecinos exigieron la cantidad de 100 mil pesos cada uno y las víctimas 30 mil pesos cada uno, dinero que supuestamente le fue entregado al juez de paz para que se cubrieran los daños materiales provocados durante el conflicto.  

Los secuestradores quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fueron atendidos debido a las lesiones que presentaban.