El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) acusó a través de un informe que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido opaca en cuanto a la cantidad de feminicidios presentados, además de 2013 a 2016 sólo se ha obtenido sentencia en tres casos.

De igual forma, el informe ‘Implementación del tipo penal del feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017’, señaló que Puebla se ubica como uno de los 13 estados en el país donde las reformas realizadas a su Código Penal hayan significado una mejora en la tipificación del delito.

Esta situación se debe a que los tipos penales en el Código poblano son casi imposibles de acreditar, pues se requiere aumentar las circunstancias objetivas en las que se traducen las razones de género.

Existe discrepancia de datos en la FGE de feminicidios: OCNF

De acuerdo con la información proporcionada al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) por la FGE, de enero de 2014 a junio de 2017 se cometieron 389 asesinatos de mujeres, de los cuales 295 fueron clasificados como homicidios dolosos y 94 como feminicidios: 45 homicidios dolosos y ocho feminicidios en 2014; 95 homicidios dolosos y 30 feminicidios en 2015; 83 homicidios dolosos y 27 feminicidios en 2016 y 72 homicidios y 29 feminicidios de enero a junio de 2017.

Sin embargo, las inconsistencias incrementan a partir de 2016, pues la dependencia informó tener nueve homicidios y 21 feminicidios, mientras que al OCNF le refirió 83 homicidios dolosos y 27 feminicidios. Para el 2017, tan sólo en seis meses refirió tener 29 feminicidios, mientras que para final del año al SNSP le reportó 27.   

Además, manifestó que la dependencia a cargo de Víctor Carrancá Bourget no proporcionó información sobre las características de los feminicidios ocurridos, tales como la información sociodemográfica de las mujeres, el modo en que fueron privadas de la vida, los agresores o el método utilizado.

Junto con Puebla, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, el informe ‘Implementación del tipo penal del feminicidio en México’ manifestó que han hecho una o dos reformas sin que esto implique una mejora en la tipificación de este delito.

Candidatos lucran con la imagen de las mujeres

Asimismo, organizaciones no gubernamentales nacionales y poblanas manifestaron que los diferentes candidatos a puestos de elección popular lucran políticamente con la imagen de las mujeres y no presentan propuestas concretas para erradicar la violencia en contra de las mismas.

De igual forma, denunciaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ya excedió en más de cuatro meses el límite para presentar el dictamen de las últimas recomendaciones realizadas al Gobierno del Estado ante el aumento en los casos de feminicidio, violencia sexual y desaparición de mujeres.

Ante esta situación las organizaciones, entre las que destacan Academia, Litigio Estratégico e Incidencia de Género e Incidencia en Derechos Humanos, AC; el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio; Justicia Pro Persona; Red Retoño y la Mesa de seguimiento de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), exigieron la emisión inmediata del informe detallado de las conclusiones de la Alerta de Género.

En rueda de prensa, Natali Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS), integrante de la mesa de seguimiento de la AVGM, manifestó que en esta época de elecciones los feminicidios y en general las mujeres sólo han servido de bandera política para los candidatos que buscan un puesto el próximo primero de julio.

“Nos parece grave y preocupante que por un lado se mantenga el discurso que nosotros ya hicimos de las víctimas, los casos, las familias y por otro lado se juegue con la idea de ‘nosotros sí lo vamos a atender’ y no hayan propuestas concretas”, dijo la activista, a la vez que señalaba que no importa quién quede al frente del gobierno, se exigirá que se presente al responsable que llevará el seguimiento de las solicitudes realizadas por las ONG.