Los ex mandos policiacos arrestados en Amozoc obtuvieron su libertad luego de que el juez de control decidiera no vincularlos a proceso por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, cohecho y espionaje, sin embargo, fueron reaprehendidos pues antes de salir del Centro de Justicia Penal, agentes ministeriales ya los esperaban para detenerlos por cargos contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público.

Durante la audiencia de vinculación de Javier Rojas Alonso, ex comisario de Seguridad Pública, y Alfredo Castro Puentes, ex comandante del municipio, la distintas defensas evidenciaron las irregularidades del proceso, ya que presentaron cuatro testimoniales en las que se desmiente la versión de la dependencia estatal a cargo de Víctor Carrancá Bourget, a pesar de que los agentes del Ministerio Público aseguraban contar con los elementos necesarios para demostrar su presunta culpabilidad.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia que determinará si los ex mandos policiacos son responsables de dicho delito, pues a pesar de que existe una carpeta de investigación por el delito de homicidio de los seis policías ejecutados el pasado 15 de junio en la localidad de Chachapa, la FGE no ha podido establecer un nexo entre los detenidos con el hecho.

FGE, en ridículo tras ser evidenciada

El pasado viernes en el Centro de Justicia Penal del Estado se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los mandos detenidos tras los sangrientos hechos del pasado 15 de junio, en la cual quedó evidenciado ‘el chaleco’ que la FGE pretendía armarle a Javier Rojas Alonso, ex comisario de Seguridad Pública, y Alfredo Castro Puentes, ex comandante del municipio de Amozoc.

Esto después de que fueron evidenciados los datos falsos que los fiscales ocuparon para obtener la imputación de los cargos en contra de los dos mandos.

La defensa del comandante presentó la declaración de la esposa de Martín Estudillo, uno de los policías ejecutados, Yolanda Estefanía N; de su acompañante, Mercedes N y un oficial de nombre José Erwin N, quienes aseguraron que el funcionario se encontraba en el paraje ‘El Destello’ a la misma hora que la Fiscalía señaló que fue detenido junto con el comisario entre las calles Tulipanes y Reforma.

Esta información fue corroborada con el dictamen de Vialidad Terrestre, el perito señaló que entre el lugar de la detención de los mandos y el lugar donde fueron ejecutados los uniformados existe una distancia de 520 metros con 20 centímetros.

Mientras que la defensa del ex comisario presentó un documento y la testimonial de su hijo en la que se acreditó que el arma Beretta de color negro PX180234 con número de serie 55100337970485069 era el arma de cargo del oficial, a diferencia de lo señalado por los agentes del MP.

Por lo que el fiscal a cargo del caso de los ex mandos de la corporación del municipio de Amozoc demostró su incompetencia, luego de que el juez señalara que aún con los datos de prueba expuestos por los abogados particulares, la resolución de no vincularlos a proceso y de levantar la medida cautelar de prisión preventiva, fue que el representante social dio por sentada la exposición de los elementos probatorios, con lo que al no quedar demostrada la base demostrativa de su acusación fueron puestos en libertad.

Mandos son detenidos otra vez dentro de la Casa de Justicia

Poco les duró el gusto a Rojas Alonso y Castro Puentes, quienes tras verse en libertad y salir de la sala de audiencias número 14 del Centro de Justicia Penal del Estado, se vieron detenidos una vez más por al menos ocho agentes ministeriales.

Sin mostrarles un oficio a los mandos, los agentes los rodearon por separado y mientras a Castro Puentes le colocaban las ‘esposas’, a Rojas Alonso lo tomaban por el cuello y los dirigieron a unidades oficiales para trasladarlos nuevamente a las instalaciones de la Fiscalía.

Ambos sujetos ahora enfrentarán cargos por delitos cometidos contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público, por lo que ya se encuentran nuevamente recluidos en el penal de San Miguel a la espera de la nueva audiencia, en la que se determinará si continúan su proceso en prisión o son puestos en libertad, pues aunque el fiscal Carrancá Bourget aseguró que ya eran investigados los dos mandos antes de las ejecuciones, aun no se les ha podido relacionar con las bandas delictivas dedicadas al trasiego de gas LP, ni con el asesinato de sus subordinados.