En 18 meses, desde que Antonio Gali Fayad asumió el cargo de gobernador del estado, la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado establecer nexos entre bandas huachicoleras y al menos siete presidentes municipales, ya sea por brindar protección o tener ‘negocios’ con las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, siendo el caso más reciente el de Rafael Valencia Ávila, edil de Venustiano Carranza a quien se señala como presunto operador del robo de combustible en la Sierra Norte.

De los presidentes municipales que han sido investigados por las autoridades federales, sólo dos se encuentran tras las rejas, el ex alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, y el de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, a quienes se les relaciona directamente con la banda de Roberto de los Santos de Jesús, alias ‘El Bukanas’.

Los alcaldes Inés Saturnino, de Tecamachalco; Néstor Camarillo, de Quecholac; José Luis Rechy de Cuyoaco y el recién fallecido Genaro Negrete Urbano completan la lista de ediles bajo la mira de la PGR o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, por su participación directa o indirecta en el robo de combustibles.

Dos huachiediles tras las rejas, relacionados con El Bukanas

En marzo pasado, José Isaías Velázquez Reyes presentó su renuncia como alcalde de Atzitzintla ante el Congreso del Estado, tras permanecer detenido por más de un año al estar relacionado con el grupo huachicolero encabezado por ‘El Bukanas’ y el homicidio de tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

El edil había solicitado varias licencias, sin embargo, fue en este año cuando decidió concentrarse en su defensa legal, tras ser señalado junto con cinco policías de entregar en ‘bandeja de plata’ a los agentes ministeriales para ser asesinados por Zetas de la región, lo que derivó en el operativo de La Encrucijada.

El otro ‘huachiedil’ detenido es Pablo Morales Ugalde, ex gobernante de Palmar de Bravo, quien permanece recluido en un Cefereso de Veracruz desde julio del año pasado, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, en las modalidades de transferir, depositar y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Esto después de que la unidad de inteligencia del Servicio de Administración Tributaria de la SHCP encontrara anomalías en sus gasolineras y depósitos multimillonarios, que no concordaban con sus actividades financieras.

Ambos presidentes municipales han sido relacionados con ‘El Bukanas’, líder huachicolero de la región del Triángulo Rojo y de la zona de Veracruz, por el que el gobierno del vecino estado ha ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de pesos.

Alcaldes bajo la mira por displicencia

El panista Inés Saturnino, alcalde de Tecamachalco, fue investigado por autoridades locales y federales por su presunta relación con huachicoleros y por contar con varias estaciones de gasolina, además es señalado de brindar protección a Antonio Martínez Fuentes, alias ‘El Toñín’.

Esto después de que detectaran en su municipio inmuebles de este capo huachicolero, por lo que investigan si ha habido omisión de parte del edil para que el líder huachicolero pueda operar con libertad dentro de esa zona.

Otro edil ‘bajo la lupa’ fue José Luis Rechy, representante de Cuyoaco, a quien le suspendieron una estación de servicio debido a irregulares en la comercialización de combustible y anomalías fiscales, por lo que se le relaciona con la compra/venta de combustible robado.

En cuanto al edil de Quecholac, Néstor Camarillo, se le investiga por una presunta asociación con ‘El Toñín’, quien tenía su base de operaciones en Palmarito de Bravo, lugar donde se llevó a cabo un enfrentamiento entre militares y chupaductos que dejó a seis habitantes y cuatro uniformados sin vida.

Las autoridades consideran que la falta de acciones para detener a los criminales se debe a un presunto convenio entre las autoridades municipales y los ladrones de hidrocarburo.

Mientras que Genaro Negrete Urbano, edil de Naupan, fue señalado de encubrir a los ladrones de combustible, pues permitía tratos de sus policías con huachicoleros, motivo por el que fueron ejecutados a inicios de mes cinco elementos en dicho municipio.

Acusan a edil de Venustiano Carranza de operar red de huachicoleros

El pasado 7 de agosto, en la localidad de Lázaro Cárdenas del municipio de Venustiano Carranza, fueron asegurados 45 inmuebles por parte de la Seido, 10 vehículos, seis armas de fuego y cuatro presuntos delincuentes, entre ellos la esposa del edil, Ilse Lucía Bernabé y su empleada doméstica.

En el inmueble de su propiedad fue localizado un centro de monitoreo, además de varias armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, por lo que la esposa de Rafael Valencia fue imputada por este delito.

No obstante, fuentes del periódico Reforma informaron que las autoridades federales están tras la huella del edil, a quien relacionan como uno de los principales líderes de una red dedicada al robo de combustible en la Sierra Norte del Estado.