Durante el 2017 Puebla tuvo el porcentaje más alto a nivel nacional de liberación de delincuentes por la inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE) o de los policías aprehensores, ya que en tres de cada 10 casusas penales un juez de control calificó de ilegal la detención del probable responsable, de acuerdo con datos proporcionados por el informe ‘Hallazgos 2017’ de México Evalúa.
Esto a pesar de que los representantes legales de oficio se encuentran como los peor calificados por los imputados, ya que el 77 por ciento de los judicializados se encontró insatisfecho con su defensa, situación que no es exclusiva de los abogados de oficio, pues el 58 por ciento también lo está de los litigantes particulares.
En el informe elaborado por México Evalúa se determinó que los agentes del Ministerio Público del estado sólo han resuelto el 4.7 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por la FGE, de las cuales sólo el 3.3 por ciento han sido judicializadas.
Tres de cada 10 detenciones se califican de ilegales
Dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) la primera responsabilidad de un juez de control es calificar de legal o no la detención de un presunto responsable en un hecho delictivo, dentro de la audiencia inicial.
Existen diferentes motivos por los cuales un juzgador puede determinar que la detención no cuenta con los parámetros establecidos por la ley, entre estos se encuentran: la ex temporalidad de la presentación del detenido ante el poder judicial, afectación en derechos fundamentales, que no se cumplan los fundamentos de flagrancia o la orden de aprehensión, o que la exposición de los agentes del Ministerio Público no coincidan con los datos de prueba.
Dentro de todos estos supuestos, durante el 2017, la entidad poblana concentró el mayor número de detenciones que fueron calificadas como ilegales, debido a la falta de pericia de los agentes del MP o la violación de los derechos de los detenidos por parte de las autoridades aprehensoras.
México Evalúa evidenció que esta situación incrementa la impunidad, ya que un presunto responsable pudo salir libre sin enfrentar un juicio por debilidades en las instituciones.
Después de Puebla, Nayarit fue el estado con el segundo mayor porcentaje de detenciones calificadas de ilegales, con 28.8 por ciento; seguido por Colima, con el 20.7 por ciento; Chiapas, con el 11.1 por ciento y en quinto lugar Coahuila con el 9.1 por ciento.
Abogados en Puebla, los peor calificados en el SJPA
El grado de insatisfacción de los abogados penales en Puebla es el peor en el país, pues tanto defensores de oficio como abogados particulares fueron de los peor calificados por los imputados.
Así lo dio a conocer el reporte ‘Hallazgos 2017’, en su apartado de ‘Grado de satisfacción con la defensa’, donde cuatro de cada cinco de los imputados se dijo insatisfecho con su representante de oficio, sobre su actuar durante la audiencia inicial del proceso.
Mientras que en el caso de los abogados particulares, aunque es mayor el porcentaje de satisfacción, del 42 por ciento, los penalistas se encuentran en el tercer lugar con los peores indicadores, sólo por debajo de Colima y Michoacán, lo que evidenció la falta de preparación de los litigantes en el SJPA.
FGE sólo resuelve cinco de cada 100 casos
Uno de los mayores desafíos planteados por la reforma penal de 2008 a las distintas instituciones que integran el SJPA fue realizar de forma exitosa un proceso de reorganización institucional que garantizara una gestión eficiente de los asuntos y un mayor y más rápido acceso a la justicia.
Según los datos presentados por la organización de México Evalúa, durante el 2017, la FGE logró esclarecer el 4.7 por ciento de los casos a una década de que se iniciara el sistema acusatorio, lo que ha evidenciado el grado de inmadurez e inexperiencia de las nuevas salas de audiencia y Centros de Justicia Penal en el estado de Puebla.
En contraste, Chihuahua se ubicó como la mejor representación social con el 74.7 de los casos resueltos.
Carlos Cózatl Martínez
@cr_cozatl