La Procuraduría General de la República (PGR) continuará las indagaciones en contra de Ilse Lucía Bernabé, ‘primera dama’ de Venustiano Carranza, tras haber sido vinculada a proceso por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano.

Los agentes del Ministerio Público federal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) contarán con un plazo de investigación de tres meses para recolectar un mayor número de pruebas en contra de la esposa de Rafael Valencia, edil del municipio de Venustiano Carranza, quien es señalado como uno de los operadores de una red de huachicoleros en la Sierra Norte del Estado.

Ilse Lucía Bernabé pagó una garantía económica de 20 mil pesos para continuar su proceso fuera del penal de San Miguel, en el cual también se encuentra involucrada Mónica N, su ama de llaves; ambas fueron detenidas el pasado 7 de agosto tras un cateo realizado en un inmueble del presidente municipal, en donde encontraron seis armas de fuego y varios casquillos útiles.

Vinculan a proceso a primera dama de Venustiano Carranza

Durante una audiencia celebrada la mañana de este martes, Ilse Lucía Bernabé y Mónica N se presentaron en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal para que un juez resolviera su situación jurídica, luego de que el pasado fin de semana se les imputara el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano.

Aunque la defensa de las imputadas señaló que lo expresado por los agentes del Ministerio Público federal era mentira, al asegurar que las armas no podían estar en el domicilio cateado debido a la presencia de un menor de siete años de edad, el juez de control desechó estos argumentos y, tras no aportar algún dato de prueba que demostrara su inocencia, el juzgador decidió vincular a proceso a las dos implicadas.

Ante esto, el Ministerio Público solicitó un plazo de cierre de investigación de tres meses para recabar más pruebas, así como diversos dictámenes que elaborará la Seido, a fin de encontrar nexos de las imputadas con células dedicadas al crimen organizado.

Aunque no se modificaron las medidas cautelares, se indicó que la firma periódica deberá realizarse en la Casa de Justicia de Huauchinango, con el objetivo de firmar su libertad condicional y para que no se extraigan de la justicia federal.