La administración del presidente capitalino, Luis Banck Serrato, ‘meterá en cintura’ a la organización Antorcha Campesina, ya que la Comisión de Seguridad Pública por fin aprobó que los servicios de grúas y depósitos de vehículos en Puebla se ajusten a los precios establecidos en la Ley de Ingresos 2018; de no ser así, las empresas que incumplan la normativa podrán ser sancionadas con clausura definitiva.

Y es que dicha organización monopolizó el servicio con sus tres empresas —Doama, Dea y Unión Antorchista—, las cuales fueron denunciadas en diversas ocasiones por realizar cobros excesivos por los servicios de arrastre y de depósito, así como por ocasionar daños a los vehículos particulares.

Por ello, la Comuna por fin aprobó, a través de una reforma al Código Reglamentario Municipal (Coremun), que sólo las empresas que cuenten con licencia de funcionamiento  y cumplan con la nueva normativa del Ayuntamiento, presten estos servicios. No obstante, esto aún deberá ser rectificado por el Cabildo poblano el próximo 22 de junio.

La propuesta fue presentada en mesa de trabajo el pasado 14 de junio, donde se acordó que para regular este servicio se extiendan nuevas licencias de funcionamiento, debido a que la convocatoria que lanzó el Ayuntamiento para inscribirse en la licitación nacional para la regulación del servicio de grúas fue declarada desierta.  

En tanto, las tres empresas de Antorcha Campesina que monopolizaron este giro comercial tendrán 60 días después de publicarse esta  reforma en el Diario Oficial del Estado para apegarse a lo establecido y aparecer en el listado oficial de empresas autorizadas para prestar el servicio.

“Con esta disposición queda abierto que todas las empresas, todos los particulares que quieran  prestar este servicio puedan hacerlo, siempre y cuando cumplan  los requisitos y lo establecido en esta nueva disposición que se está poniendo con el ánimo de garantizar que los particulares sean protegidos en sus bienes y se les garantice un cobro justo”, dijo Félix Hernández Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

El Ayuntamiento podrá clausurar a quien no cumpla la normativa

De lo contrario, las empresas que en estos 60 días no cumplan con las nuevas obligaciones podrán ser sancionadas con clausura temporal  o definitiva, además el usuario podrá exigir remuneración por daños en sus bienes.

“Clausura temporal o definitiva, y además de que el particular podrá exigir el pago de la reparación del daño que sufra su bien, que fue asegurado (…) de tres meses de manera temporal, o definitiva”, dijo el regidor del PAN.

Por su parte, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Felipe Vélez, resaltó que los beneficios de esta regulación ofrecerán seguridad al usuario, pues podrá elegir la empresa que mejor le convenga.

Además, el servicio contará con “memoria descriptiva”, lo cual consistirá en un reporte que incluirá una descripción del estado del vehículo al momento de prestarse el servicio, así como el listado de servicios por los que pagarán a la empresa.