La Fiscalía General del Estado (FGE) se reservó por cinco años dar a conocer si su titular, Víctor Antonio Carrancá Bourget, cuenta con la acreditación que se obtiene tras superar las pruebas de confianza, pues argumentó que la información es “confidencial”.
En respuesta a una solicitud de información, la FGE informó que mediante el acuerdo ACT/018/2018 determinó clasificar la información como reservada y confidencial, por tanto, es una incógnita si el actual fiscal del estado, cuyo cargo finaliza en 2023, cuenta con este requisito básico para desempeñar el cargo.
“Permanecerá con tal carácter por un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que realizó la clasificación la Unidad Administrativa Responsable, por lo que hace a los datos reservados, y sin sujeción a plazo por lo que hace a las datos clasificados como confidenciales, en términos del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla”, dice parte de la respuesta.
Luego de la ejecución de la candidata a diputada local del Partido Verde Ecologista por Huauchinango, ‘Juany’ Maldonado, los candidatos al Gobierno del Estado, como la panista Martha Erika Alonso, hicieron un llamado para que renunciara Carrancá Bourget quien fue designado para ocupar el cargo por siete años, es decir, hasta 2023. Sólo el Congreso del Estado puede decidir revocarlo de su funciones.
Da de baja cuatro elementos por no contar con las pruebas de confianza
En otra solicitud de información, la dependencia informó que en lo que va del año cuatro elementos han sido suspendidos de su cargo ya que no aprobaron las pruebas de confianza. Sin embargo, omitió responder cuántos faltan por realizar dichos exámenes.
“Con fundamento en los artículos 150 y 156 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hacemos de su conocimiento que se tienen cuatro elementos que causaron baja en el periodo requerido”, comunicó la dependencia.
El pasado primero de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a 113 policías ‘cachirules’, es decir, que no estaban dados de alta o que se encontraban en funciones sin haber pasado la evaluación de control y confianza en el municipio de San Martín Texmelucan. Cabe destacar que ayer, en un nuevo operativo, la SSP detuvo a 34 policías municipales de Chalchicomula de Sesma para comprobar si contaban con dichas pruebas.
Constanza Pérez / @Constan_ph