El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador aclaró que aunque el Congreso del Estado desistió a la queja contra el juicio de amparo promovido por Eduardo Rivera Pérez para defenderse de la inhabilitación y sanción económica aprobada por los diputados, el procedimiento sigue su curso en los Tribunales Federales y la audiencia del próximo 29 de enero se realizará.

A pesar de que el Congreso del Estado aprobó el pasado 7 de abril del 2017 la sanción en contra de Eduardo Rivera por 12 años de inhabilitación y 25.5 millones de pesos, el yunquista mantiene sus derechos político-electorales a salvo, luego que un juez emitiera a su favor la medida cautelar para que su nombre no fuera incluido en el Registro Nacional de Funcionarios Públicos Inhabilitados, por lo que éste puede participar en el proceso electoral de este año.

En entrevista Martínez Amador reconoció que el Congreso desistió a la queja que interpuso contra el juicio de amparo que promovió el yunquista, argumentando que “el panorama lucía complicado para el Congreso”.

El legislador perredista añadió que la decisión de frenar esta queja con la que lograron retrasar la audiencia correspondiente al juicio de amparo 943/17 promovido por Rivera Pérez fue tomada por él y no por el ex presidente del Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui.

“Es una decisión que se tomó en mi periodo junto con las áreas técnicas del Congreso, las razones las posee el director jurídico, pero nos comentó que estaba complicado el tema en ese sentido para el Congreso”, dijo Carlos Martínez.

Tras desestimar la acusación, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentaron el informe solicitado el pasado 11 de diciembre por la justicia federal sobre el procedimiento administrativo que realizaron en contra de Eduardo Rivera y con el que corrían el riesgo de ser sancionados en caso de no ser entregado, por lo cual habían presentado la queja que posteriormente desestimaron.

Además, será el próximo 29 de enero cuando se realice la audiencia programada originalmente el 2 de enero, misma que el Legislativo logró aplazar con la queja presentada.