Académicos y empresarios consideraron que la designación de Alejandro Martínez Fuentes, hermano del capo huachicolero Antonio Martínez ‘El Toñín’, como candidato del PSI a la presidencia de Quecholac, abre la posibilidad de que el dinero proveniente del huachicol se meta en el proceso electoral.

Los dirigentes estatales de la Onexpo, Rafael Zorrilla Alanís, y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI), Germán Molina Carrillo, coincidieron en que las campañas políticas corren el riesgo de verse infiltradas por las bandas huachicoleras a través del financiamiento de las mismas.

En entrevista con CAMBIO, el líder gasolinero afirmó que el negocio del huachicol es un negocio rentable para los delincuentes, por lo que no descartó que busquen financiar la campaña política de algún candidato en busca de obtener beneficios para sus actividades ilícitas.

“Es un negocio muy rentable para los huachicoleros y claro que pueden llegar estos recursos a manos de partidos políticos para las campañas”, expresó.

Por su parte, Germán Molina consideró que los grupos delincuenciales pueden armar alianzas con algunos partidos políticos y de esta forma incidir en los resultados de los comicios electorales.

Del mismo modo, indicó que se generará un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía, pues este tipo de candidaturas le resta credibilidad al proceso electoral.

“Lo que podría provocar es que la gente desconfíe y no salga a votar el primero de julio y que los grupos de la delincuencia organizada influyan en los resultados de las elecciones”, dijo en entrevista.

Ley debe de prever candidaturas de presuntos delincuentes

Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que  no se le puede responsabilizar a Alejandro Martínez por los delitos de su hermano, dado que no se ha comprobado que también esté involucrado con el robo de combustible.

Sin embargo, indicó que se deberán de reforzar las leyes electorales para poner mejores filtros a los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, además de otorgar facultades a las autoridades electorales para poder sancionar a aquellos partidos que postulen a personas ligadas al crimen organizado como su representante en las elecciones, además de anular la candidatura.

“Los organismos electorales deberían tener alguna facultad para castigar o vetar alguna candidatura de comprobarse que ese candidato está metido en actos delincuenciales", dijo en entrevista.

PSI debe transparentar proceso de selección

Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas de la Ibero, señaló que es el PSI el que tiene que dar una explicación sobre la candidatura de Alejandro Martínez, pues no se debe de permitir la apertura a cargos públicos a personas vinculadas al crimen organizado.

“Se van colando candidatos incómodos que tiene vínculos con el crimen organizado. Me parece que tiene que dar una explicación muy detallada del partido político”, expresó.

Debido a ello, hizo un llamado a los partidos políticos para que elijan de mejor forma a sus representantes, además de transparentar los procesos que utilizan para la designación de los mismos.