Aunque durante su registro como candidato a la presidencia municipal de la capital presumió ‘estar más vivo que nunca’, la Auditoría Superior del Estado (ASE) impugnó el fallo a favor de Eduardo Rivera Pérez con el que la justicia federal dejó sin efecto la inhabilitación por 12 años y la multa económica por 25.5 millones de pesos impuesta por el Congreso local en su contra.

Fue el pasado 15 de marzo que la Dirección General Jurídica de la ASE promovió este recurso de revisión en contra del fallo del Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en favor de Rivera Pérez sobre el juicio de amparo 943/2017 promovido por el yunquista; y publicado un día más tarde en el portal del Consejo de la Judicatura.

“Agréguese a sus autos los oficios de cuenta signados respectivamente por el Director Jurídico de Substanciación y Director General Jurídico, ambos adscritos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por el que interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo”, señala el acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura.

La impugnación promovida por el órgano fiscalizador del estado se presenta luego de que el pasado 6 de marzo el Juzgado Tercero de Distrito determinara ‘amparar y proteger’ al ex edil yunquista de la inhabilitación por 12 años, de la multa por 25.5 millones de pesos que le fincó el Congreso del Estado el 7 de abril de 2017 por irregularidades detectadas en su cuenta pública de 2013.

En días pasados el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo local, Carlos Martínez, advirtió que tras la resolución a favor de Rivera Pérez se analizaba impugnar el fallo del Juzgado Tercero de Distrito.

Además tras la resolución a su favor y sin haber sido advertido del recurso de revisión que promovió la ASE el día 15 contra el fallo, el pasado domingo 18 de marzo Eduardo Rivera cantó victoria al asegurar que ‘se encuentra más vivo que nunca’ tras la persecución política de la que se le acusó ser objeto por el tema de su cuenta pública.