El Mazo y el Yunque

Raymundo García García

30/09/2009

Las enseñanzas de Antonio Juárez Acevedo

Después de dos años de un conjunto de acciones encaminadas a remover del cargo de comisionado de la CAIP, a uno de sus integrantes fundadores, al único nombrado por el máximo periodo –seis años-, más allá de darse el debate entre la ética o moral pública, la honorabilidad de ciudadanos que aspiran a un puesto público, el ejercicio de la legalidad y la interpretación y aplicación de la ley, dentro de un contexto político propio de una sociedad atrasada, con instituciones limitadas y en ocasiones en abierta obsolescencia, una sociedad en la cual y muy a pesar de que sea asiento de más de cuarenta instituciones educativas formadoras de especialistas en derecho como ciencia, como arte y como norma de convivencia, donde el legalidad se reduce a simple discurso, porque resulta dominante la cultura del ejercicio patrimonialista del poder; el proceso de desenlace del ilegal e ilegítimo nombramiento de un comisionado de acceso a la información pública, aparte de causar risa -el procedimiento- por el cinismo que desde el poder se desprendió, ofrece un conjunto de enseñanzas, a saber:

1.- Que el ejercicio patrimonialista del poder pasa por anular la ciudadanización de los órganos de gobierno y de poder, reclutando a amigos, socios, compadres, o a cualquier actor que formalmente satisfaga los requisitos legales, aunque se vulneren los requisitos esenciales. El Comisionado removido por el Congreso local,  seguramente en su momento contó con los apoyos reales para no dar importancia a la ilegitimidad del registro y a la ilegitimidad del nombramiento y por lo tanto a la ilegitimidad de la actuación pública. Compadrazgo y amistad, matan legalidad y por lo mismo matan legitimidad.

2.-  Que la interpretación reduccionista y positivista del derecho poblano, pensado e interpretado de forma mecánica, como simple decisión de poder; reduce a los órganos públicos a obedecer ciegamente la línea, y por ende a aplicar la normatividad  como acatamiento de una mandato o una orden, no del derecho, sino del señor todo poderoso, dueño pleno del mando; lo que obliga a no indagar, a callar y obedecer. La combinación patrimonialismo, silencio  y complicidad se trasforman en defraudación a sociedad.

3.-Que ante el descubrimiento de las causas deslegitimadotas del nombramiento, antes que el jefe patrimonialista del poder, optara por la solución pragmática, a través de un retiro oportuno por renuncia. Se apostó por el uso del poder, por el mantenimiento del ilegitimo funcionario, por el mantenimiento de pagos y prebendas ilegales. El poder autoritario pervierte instituciones.

4.- Pero la enseñanza de mayor alcance sin lugar a dudas radica en la exhibición de la obsolescencia del marco legal, que permitió la confusión o apariencia de confusión  de la autoridad sancionadora. Así como el derecho poblano es decisión política de opresión del adversario, también sus lagunas y obscuridades son recursos de alargamiento de ilegitimidades. 

5.-  Que la vigencia de la CAIP como estructura administrativa dependiente del poder ejecutivo, sin autonomía, y con una ciudadanización en entredicho; alimenta sobradamente la función patrimonialista, aniquila a la política de transparencia  y acceso a la información pública, dando manga amplia al reinado de la opacidad autoritaria.

En suma: El daño causado a la política de transparencia y acceso a la información, por el poder omnipresente en Puebla, puesta de manifiesto con el tema Juárez Acevedo, lleva a abrir de nueva cuenta el debate social, para impulsar un instituto ciudadano y con autonomía constitucional de acceso a la información, que reduzca la pulverización estatal y municipal, amén de reducir comisioncitas y burocratitis.