Promueven amparo ante la insolvencia de CAIP

Selene Ríos Andraca

El ciudadano Emilio López López se amparará ante tribunales federales por la ineficiencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), la cual se negó a exigirle, por segunda vez, al Gobierno del estado el desglose de los gastos realizados por el gobernador Mario Marín Torres en el rubro de viajes en aeronaves, así como la lista de personas —que no sean funcionarios públicos— que han acompañado al mandatario a sus giras de trabajo.
El caso de Emilio López estaba a cargo del comisionado presidente Antonio Juárez Acevedo, quien en enero le exigió a la oficina de la Gubernatura entregar la información requerida por el ciudadano, aunque, según el dictamen de la sesión, no requirió la lista de acompañantes. Y para sorpresa del solicitante, el viernes pasado Juárez Acevedo a nombre de la CAIP cerró el caso.
Este día Emilio López se reunirá con el equipo jurídico del ITAM para analizar ante qué tribunal se amparará. El amparo será en contra de la CAIP, debido a que ésta tiene facultades para exigir la información, y en este caso, Antonio Juárez ha decidido cerrar el caso y no cumplir con las potestades que marca la Ley de Acceso a la Información Pública.
Emilio López, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), solicitó el pasado 11 de septiembre la lista de viajes en aeronaves hechos por Marín, así como el desglose, la justificación y el costo de cada traslado, amén de la relación de personas que han acompañado al mandatario que no pertenezcan a la administración marinista.
El pasado 4 de abril la administración marinista entregó 86 páginas que supuestamente contenían la información completa, empero, Emilio López se quejó ante la Comisión  a través de una misiva, en la que detalla que los datos proporcionados no respondían a su petición de acceso a la información pública.
La carta, presentada el pasado 16 de abril, señala que Gobierno del estado no entregó la información completa, ni siquiera la que solicitó la propia Comisión de Acceso a la Información. Pero en respuesta, el viernes pasado Emilio López recibió la notificación de que su caso ya está cerrado en la CAIP y que ésta no puede hacer nada en contra de la administración marinista.
Incluso la CAIP le recomendó al ciudadano “hacer una nueva solicitud de información” para requerir los datos no entregados, pese a que el ciudadano lleva más de siete meses acudiendo a Casa Aguayo y las instalaciones de la comisión para recibir su información.   
“Se violó mi derecho a la información pública, a pesar de que realicé todo el proceso, esperé siete meses pero no me dieron la información completa. Sí mejoró mucho la segunda respuesta, pero quedaron muchos pendientes, sobretodo en cuanto a la lista de acompañantes. También que se me dé completo el desglose de los gastos, me desglosaron los gastos en seis partidas, hay varias partidas que son afectadas y no me las quisieron dar”, dijo el recurrente.
En una breve charla telefónica, Emilio López señaló: “El problema es que no sé qué tanto pueda hacer CAIP. La oficina dio información pero no está completa, en la resolución no se pidió la lista de los acompañantes, no se ciñeron”.
Este es el primer caso en Puebla, desde que entró en vigor la ley de Transparencia en febrero de 2006, en que un caso será llevado a tribunales federales, debido a que el comisionado ponente —Juárez Acevedo— optó por cerrar uno de los casos más importantes y polémicos que ha desatado el acceso a la información pública.
Y es que Emilio López había requerido la información para una clase de transparencia, pero ante las negativas y los argumentos “absurdos” entregados por la administración, decidió analizar el tema de acceso a la información en Puebla para conseguir su título como licenciado en Ciencias Políticas y Económicas.